El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró la decisión judicial que confirmó la prisión preventiva contra todos los implicados en el caso Senasa y aseguró que la entidad fue víctima de un fraude complejo ejecutado por varias redes criminales.
El procurador adjunto indicó que las investigaciones se ampliarán, al sostener que el Seguro Nacional de Salud no fue afectado por una sola organización, sino por un esquema coordinado de diferentes grupos. Entre ellos se encuentra la estructura que actualmente enfrenta cargos en los tribunales, la cual tiene como figura principal a Santiago Hazim.
En relación con la etapa denominada “Senasa 2.0”, Camacho explicó que esta presunta red está encabezada por Ángel Luis Guzmán, cuya audiencia para conocer la medida de coerción está prevista para este viernes en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público solicitará prisión preventiva.
De igual forma, el funcionario confirmó que existe una tercera organización involucrada en las irregularidades contra la institución, aunque prefirió no ofrecer mayores detalles para no entorpecer las acciones futuras. Afirmó que las autoridades continuarán hasta desarticular todas las estructuras responsables del desvío de recursos destinados a la seguridad social.
Camacho resaltó que esta es la segunda ocasión en que un juez respalda la imposición de prisión preventiva, coincidiendo con el criterio de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto directo en el sistema de salud del país.
A su juicio, mantener a los acusados en prisión es una medida proporcional frente a la magnitud del perjuicio causado. Señaló que pocos casos de corrupción han tenido consecuencias tan evidentes, al afectar de manera directa el sector salud, por lo que entiende que deben permanecer privados de libertad mientras se resarce el daño.
En cuanto a los argumentos de salud presentados por la defensa de los imputados, el magistrado aclaró que la legislación procesal penal es clara: únicamente condiciones médicas graves o terminales pueden ser consideradas, situación que —según indicó— no ha sido demostrada en este proceso judicial.
