El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó que remitió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un total de 50 expedientes derivados de auditorías practicadas a instituciones del Estado durante el último año, en los que se habrían identificado posibles irregularidades.
Durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la presidenta del órgano, Emma Polanco, explicó que la función de la entidad se limita a remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que detectan indicios de corrupción. Aclaró que no les corresponde dar seguimiento a los procesos posteriores, por lo que desconocen si alguno de estos expedientes ha sido judicializado.
“Nuestra labor concluye al enviar los casos al Ministerio Público, que es la instancia encargada de evaluarlos y decidir los pasos a seguir. No tenemos facultad sancionadora, solo analizamos las evidencias y, si encontramos indicios, los remitimos al Pepca”, expresó.
La funcionaria no ofreció detalles sobre cuáles instituciones o entidades estatales están incluidas en las auditorías donde se detectaron las presuntas anomalías.
En otro orden, adelantó que a inicios del próximo mes la CCRD publicará una lista con los funcionarios que aún no han presentado su declaración jurada de bienes, en incumplimiento de lo establecido por la Ley 311-14.
Tema salarial genera controversia
Polanco también abordó la resolución mediante la cual el pleno había aprobado un aumento del 50 % en las remuneraciones de sus miembros.
De haberse aplicado, la presidenta habría percibido cerca de RD$600,000 mensuales, mientras que los demás integrantes del organismo alcanzarían alrededor de RD$500,000. No obstante, el pasado 9 de abril dicha resolución fue anulada, en línea con la política de austeridad impulsada por el Gobierno.
La titular de la institución sostuvo que la medida no buscaba un incremento salarial, sino un incentivo por la carga de trabajo asumida por la actual gestión, que lleva aproximadamente un año en funciones.
“No se trataba de un aumento de salario, sino de una motivación por el esfuerzo realizado”, afirmó.
Según explicó, los miembros del pleno consideraban que merecían ese reconocimiento debido al desempeño mostrado, destacando que en este período se han realizado 90 auditorías, en contraste con la gestión anterior, que habría ejecutado solo dos en un año.
También mencionó que mantienen múltiples procesos activos, incluyendo al menos diez auditorías en Santiago de los Caballeros que requieren seguimiento constante.
A pesar de la polémica generada, Polanco aseguró que el tema ya fue superado y reiteró el compromiso de la institución de continuar trabajando en favor del país.
La decisión de dejar sin efecto el aumento se produjo luego de las reacciones en la opinión pública y de la advertencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien consideró la medida contraria a la Constitución.
Necesidad de más recursos
La presidenta de la CCRD indicó además que la institución enfrenta una limitación de personal para cumplir con sus funciones, ya que existen 1,440 entidades auditables en el país y solo cuentan con 300 auditores.
En ese sentido, señaló la necesidad de incorporar al menos 200 nuevos profesionales, lo que implicaría un costo anual cercano a los dos millones de pesos por cada uno, incluyendo herramientas tecnológicas como licencias y equipos informáticos.
“Actualmente tenemos 300 auditores y necesitamos 200 adicionales para cubrir la demanda. Cada auditoría requiere entre ocho y nueve técnicos, dependiendo de su complejidad, y cada auditor necesita recursos tecnológicos adecuados”, explicó.
En la actividad también estuvieron presentes el vicepresidente del organismo, Francisco Tamárez Florentino, así como los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
