El uso de sistemas de inteligencia artificial dentro del ámbito judicial podría representar un peligro para las garantías de las personas imputadas si no se establecen mecanismos de control adecuados, se garantiza la transparencia y se mantiene la intervención humana en las decisiones, según advirtió la jurista española Carmen Cuadrado.
Al participar en una conferencia llevada a cabo en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), la experta indicó que la adopción de estas tecnologías en los tribunales no solo responde a la innovación, sino también a la necesidad de lograr mayor consistencia y agilidad en las resoluciones judiciales, especialmente ante el reto histórico de asegurar que casos similares sean tratados de manera semejante.
Sin embargo, señaló que la velocidad y la capacidad para procesar grandes volúmenes de información no aseguran, por sí mismas, decisiones justas, debido a que los algoritmos pueden replicar prejuicios presentes en los datos utilizados para su entrenamiento.
El caso Loomis y el tema de la transparencia
Durante su exposición, Cuadrado hizo referencia al conocido caso Loomis, considerado un ejemplo clave a nivel internacional en el debate sobre el uso de algoritmos en la justicia, ya que plantea dudas sobre la claridad y comprensión de estas herramientas.
Explicó que cuando una persona desconoce cómo se analiza su situación dentro de un proceso judicial, se ven comprometidos principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Advirtió que, en tales circunstancias, la tecnología puede actuar como un elemento invisible dentro del sistema judicial, influyendo en decisiones que impactan la libertad de los individuos sin que se entienda plenamente su funcionamiento.
La especialista también señaló que una de las razones principales para implementar inteligencia artificial en los tribunales es la necesidad de agilizar los procesos y reducir la acumulación de expedientes.
Indicó que estas herramientas facilitan la organización de documentos, el análisis de grandes cantidades de datos y la identificación de patrones en poco tiempo, lo que puede contribuir a una mayor eficiencia en la gestión administrativa.
No obstante, advirtió que el verdadero riesgo aparece cuando la prioridad por la rapidez y la productividad desplaza principios esenciales de la justicia, como la imparcialidad, la fundamentación de las decisiones y la responsabilidad institucional.
“Juzgar no es calcular”
Cuadrado recalcó que la labor de un juez va más allá de procesar información, ya que implica interpretar leyes, analizar hechos, equilibrar principios jurídicos y justificar cada decisión tomada, funciones que no pueden ser reemplazadas por sistemas automatizados.
Sostuvo que, aunque un algoritmo puede clasificar datos y anticipar posibles resultados, emitir un juicio requiere argumentación clara y asumir responsabilidad por las decisiones, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.
En ese contexto, planteó la importancia de adoptar una postura equilibrada frente a la tecnología: utilizar la inteligencia artificial como apoyo para organizar y analizar información, pero dejar en manos del juez la decisión final.
El rol insustituible del juez
La jurista afirmó que el debate no debe enfocarse en comparar la rapidez de la tecnología con la del ser humano, sino en evaluar si las decisiones tomadas con apoyo de estas herramientas cumplen con los estándares de legitimidad propios de una democracia.
Reiteró que la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar el sistema judicial, siempre que su uso esté regulado, supervisado por personas y orientado al respeto de los derechos fundamentales.
“La democracia no solo requiere decisiones eficientes, sino también decisiones legítimas”, concluyó.
En la actividad participaron el expresidente de la República, Leonel Fernández, junto a directivos de la fundación, abogados y otros profesionales del derecho.
