MIC: No existe evidencia sobre licencia explotación en Hatillo

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SANTO DOMINGO. El viernes pasado, Israel González Ortiz, consultor jurídico del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) envió un oficio al Ministerio de Energía y Minas en el que declara: “En los archivos mineros correspondiente a esta consultoría no tenemos evidencias de que el Ministerio de Industria y Comercio haya dictado una resolución otorgando alguna concesión de explotación de rocas calizas denominadas Hatillo, en los municipios Estebanía y Las Charcas, provincias Azua”.

El oficio está dirigido a María Susana Gautreau de Windt, consultora jurídica de Energía y Minas, en respuesta a una comunicación que habían recibido un día antes solicitando la información.

La carta del MIC está acompañada de la certificación número 253/15 en la que se amplía que no existe evidencia sobre el otorgamiento de esa concesión de explotación a nombre del Michel Philipe Lulo Collado “y/o las sociedades ABCO y/o Cemento Santo Domingo. S.A.”

Se recuerda que el 13 de agosto de 2007, Lulo Collado “transfirió sus derechos” a favor de Cemento Santo Domingo.

El 25 de noviembre pasado desde la dirección de correo comunicacionesluisabinader@gmail.com circuló entre los medios la nota de prensa en que se le atribuye a la ex secretaria de Industria y Comercio, la señora Sonia Guzmán, declarar que siendo titular de la Secretaría de Industria y Comercio, la Dirección General de Minería, bajo su dependencia, aprobó el permiso de explotación de los yacimientos calcáreos para la producción de agregados y cementos, a favor de Cementos Santo Domingo.

En esa nota señaló: “Por delicadeza, respeto, y siendo fiel creyente del principio de continuidad del Estado, dejamos el permiso para que el nuevo gobierno electo del presidente Fernández lo pusiera en ejecución”.

El 3 de noviembre pasado, el Ministerio de Energía y Minas rechazó la solicitud de Cemento Santo Domingo para que se le otorgue la concesión de explotación Hatillo.

El presidente de la empresa, José Rafael Abinader Corona, calificó el rechazo como un abuso de poder, que vulnera la seguridad jurídica y el Principio de Libertad de Empresas.

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