El restaurante de comida tradicional haitiana Lakou Lakay opera a poca distancia de la valla fronteriza de Tijuana. Su propietaria, Vivianne Petit Frere, bautizó el lugar con una palabra que evoca su cultura, celebrando a la vez la estabilidad de su familia en México, país donde su nieta menor de edad ostenta la nacionalidad mexicana de forma automática por haber nacido en dicho territorio.
Esta política de otorgamiento de nacionalidad coincide con la legislación de Estados Unidos, un derecho que el presidente Donald Trump busca revocar para los hijos de inmigrantes indocumentados o temporales. El mandatario defiende la tesis de que Estados Unidos es el único territorio con este sistema, una afirmación que contrasta con las leyes de unas tres docenas de países del hemisferio occidental.
La orden ejecutiva que pretende acabar con este derecho fue suscrita por Trump el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su nueva gestión presidencial. El decreto se encuentra actualmente bajo la deliberación de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde juristas de distintos bloques ideológicos han manifestado reservas sobre su viabilidad constitucional.
Contrario a las declaraciones emitidas por el gobernante en redes sociales, el derecho de suelo es una norma común en América, aplicada por naciones como Canadá, Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela. Esta coyuntura jurídica transformó los planes de Petit Frere, quien originalmente planeaba establecerse con sus familiares en el estado de Florida tras cruzar el Tapón del Darién.
Tras un lustro de residencia en Tijuana, la comerciante ha logrado consolidar su restaurante, hablar castellano fluidamente y avanzar en su formación profesional. La llegada de su nieta Alexca representa la primera generación mexicana de su estirpe, un beneficio que proporciona estabilidad legal en comparación con los riesgos de su natal Haití.
El fenómeno de la maternidad en la ruta migratoria quedó evidenciado en los reportes de los organismos internacionales. Hacia el año 2021, la Organización Internacional para las Migraciones calculó que una de cada diez mujeres procedentes de Haití que entraban a México se encontraba embarazada, asentando comunidades numerosas en ciudades fronterizas.
En el contexto legal estadounidense, la decimocuarta enmienda garantizó este derecho tras la finalización de la Guerra Civil para proteger a los antiguos esclavos, extendiéndose formalmente a los hijos de inmigrantes mediante un fallo judicial a finales del siglo XIX. Expertos legales asocian el origen de la medida con las estrategias coloniales europeas de los siglos XVII y XVIII.
Por otro lado, la evolución de este derecho en la región cuenta con precedentes como el de la República Dominicana, cuyo Consejo Electoral eliminó la ciudadanía por nacimiento en 2007 para hijos de extranjeros en estatus irregular. La medida adquirió carácter retroactivo en 2013, provocando una crisis de apatridia que afectó a miles de personas a pesar de los intentos de corrección legal en 2014.
La situación de la nieta de Petit Frere contrasta con las vivencias de la activista, quien fue deportada a los seis años desde la isla de San Martín. La legislación mexicana vigente no solo otorga el pasaporte al menor nacido en su territorio, sino que permite la regularización inmediata de los padres, concediéndoles el estatus de residentes permanentes.
En la actualidad, Petit Frere compagina la administración de su negocio con labores humanitarias en la organización Haitian Bridge Alliance. Desde allí, compila experiencias sobre el fenómeno migratorio mientras gestiona su propia naturalización mexicana con miras a expandir sus metas comerciales y académicas.
