La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional revisó el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer al menos 900 mil proyectiles de la institución.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión de recesar para la mañana del martes, a fin de dar oportunidad a que la defensa de uno de los imputados concluya con su medio de defensa.
La jueza informó que luego dejará el caso en estado de fallo para dar a conocer su decisión.
En la audiencia Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados y declarar el caso complejo.
Los imputados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de Custodia de las Armas y Municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También los capitanes Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el auditor Víctor Manuel Santos, este último había alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina Pérez y la imputada Miguelina Bello Segura, pieza clave en la parte operativa de la organización criminal.
Camacho señaló que la investigación aún está en curso, por lo que los montos sustraídos y el número de imputados podrían variar en la medida en que se recuperen parte de los proyectiles supuestamente vendidos.
