La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público se encuentra totalmente equipado y capacitado para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), tras concluir más de un año de adiestramiento intensivo y adecuación institucional en sus distintas dependencias.
Las declaraciones de la magistrada se produjeron durante la apertura del taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», espacio formativo orientado a periodistas de la fuente judicial y caricaturistas de ejercicio permanente.
Reynoso explicó que, a través de la Escuela del Ministerio Público (IES-ENMP), el órgano persecutor no esperó la promulgación final para adaptar su estructura técnica. Como parte de la logística de transición, se habilitaron 100 nuevos relevos en los 37 distritos judiciales del país y se incorporó a 140 abogados dedicados de forma exclusiva a la asistencia integral de las víctimas.
«El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa», aseveró Reynoso.
Ampliación del catálogo de delitos y actualización normativa
La titular del órgano persecutor recordó que la institución remitió formalmente sus observaciones al Congreso Nacional solicitando la actualización del articulado penal, con el fin de tipificar conductas delictivas contemporáneas que requerían un abordaje jurídico más severo.
Entre las principales novedades operativas del nuevo Código Penal (Ley 74-25) se destacan:
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109 tipos penales: La incorporación de 70 nuevos delitos y la reformulación de tipos existentes que sustituyen un marco legal centenario e ineficaz ante la criminalidad del siglo XXI y los delitos tecnológicos.
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Nuevas figuras jurídicas: Clarificación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, modificación en el régimen de eximentes de responsabilidad penal y el incremento en la escala de las sanciones.
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Mayor poder disuasivo: Principios garantistas orientados a fortalecer el tejido social y la efectividad en la persecución judicial.
Cúmulo de penas de hasta 60 años y respuesta al debate penitenciario
Frente a las críticas de criminólogos y sectores que advierten sobre el impacto del cúmulo de penas en la sobrepoblación carcelaria y la reinserción social, la magistrada defendió la potestad legislativa de endurecer las penas de hasta 60 años de prisión para crímenes de extrema gravedad.
Al ilustrar su posición con casos de alto impacto social como el del denominado «Chamán Chacra», Reynoso sostuvo que la capacidad del sistema penitenciario no debe condicionar la política de seguridad ciudadana del Estado:
«No se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria», enfatizó la procuradora, instando a aplicar el principio de proporcionalidad ponderando los derechos de las víctimas y de la ciudadanía.
Creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales
Dentro de la reestructuración del abanico punitivo, Reynoso resaltó como un avance trascendental la implementación del seguimiento sociojudicial y la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, base de datos especializada que estará bajo la administración directa de la Procuraduría General de la República (PGR).
La herramienta funcionará bajo estrictos protocolos de verificación que servirán para depurar al personal que aspire a trabajar en centros educativos, deportivos o áreas con acceso a niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables.
En la actividad académica estuvieron presentes los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, junto a la rectora del Instituto de Educación Superior de la Escuela del Ministerio Público (IES-ENMP), Marien Montero.
