BUENOS AIRES. Argentina dio un gran paso el viernes con su oferta para cerrar el litigio por una deuda millonaria por bonos en default, pero le resta convencer al núcleo duro de acreedores y obtener la venia del Congreso, donde a falta de mayoría deberá transitar un delicado equilibrio político.
Deberá además asegurarse el financiamiento para pagar la oferta de 6.500 millones de dólares, un 25% menos sobre la sentencia de 9.000 millones que reconoció el juez de Nueva York, Thomas Griesa.
Hasta ahora sólo aceptaron dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron un juicio contra a Argentina.
Siguen las negociaciones con el núcleo duro, encabezado por los fondos NML Capital y Aurelius que en 2012 lograron la sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares.
Batalla política
En el plano doméstico, el gobierno del liberal de derecha Mauricio Macri ya ha comenzado a tender puentes con gobernadores opositores que le permitan allanar el camino en el Congreso.
Su frente Cambiemos quedó más cerca la semana pasada del quórum en la Cámara de Diputados tras el alejamiento de unos 14 legisladores díscolos del Frente para la Victoria (FPV, peronismo), el partido de la expresidenta de centroizquierda Cristina Kirchner (2007-2015), primera minoría en la cámara.
Pero Cambiemos depende de acuerdos para sumar unos 40 votos que le aseguren los 130 que requiere para aprobar sus proyectos.
Las próximas serán semanas cruciales para construir el andamiaje político antes de la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, cuando se espera que el gobierno envíe al Congreso la derogación de la Ley Cerrojo.
La norma resultó una suerte de garantía para el 93% de los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 con quitas de más del 70% y largos plazos de pago, respecto a que no habría nueva ni mejor oportunidad de cobrar los bonos en default desde 2001.
La situación “es preocupante porque tenemos dos leyes, la Cerrojo y la de Pago Soberano, que condicionan los acuerdos” con los acreedores, recordó este sábado Héctor Recalde, presidente del boque de diputados del FPV.
La ley de pago Soberano fue aprobada en 2014 como un artilugio legal de Argentina para cambiar la sede de pago de la deuda reestructurada y sortear el bloqueo de fondos que impuso el juez Griesa en julio de ese año, cuando congeló un pago por 539 millones de dólares en Nueva York, provocando un default parcial de Argentina.
