SANTO DOMINGO.- El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) expresó este martes que no será posible una estabilización del mercado laboral en la República Dominicana y por ende una mejora de las condiciones del salario, mientras no nos avoquemos a enfrentar las casusas de la informalidad, vergonzosamente cuantificada en un 55%, sin que hasta la fecha ninguna autoridad haya podido exhibir una reducción del parámetro.
José Ricardo Taveras adujo que las causas de los bajos salarios, sin bien responden a múltiples factores que han enfermado el mercado, el principal y más urgente de ser enfrentado es la presencia masiva de extranjeros indocumentados cuya tasa en nichos masivos de generación de empleo rebasa el 90%, que no cotiza, deprime el salario y convierte al dominicano en un ciudadano discriminado en su propio país.
Reconoció que la alta tasa de desempleo y las deficiencias en la capacitación del capital humano, citados por el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Joel Santos, son factores que inciden en la depresión del salario: “Sin embargo, no se puede hablar de altas tasas de desempleo sin encontrar su causa fundamental a la presencia masiva de extranjeros indocumentados.
“Así como tampoco podemos hablar de las deficiencias del capital humano, cuando los empleadores han preferido una mano de obra ilegal y de mucho menor calificación y capacidad que el obrero local. Las razones: Un mercado que paga barato un trabajador por el cual cubica pero no cotiza, no solo en el sector de la agricultura y la construcción, porque nadie puede negar la expansión del recurso humano extranjero en renglones tales como el turismo, servicios profesionales y hasta el motoconcho, es una realidad sin ningún tipo de control”, indicó.
Taveras Blanco consideró que muchos de los factores que se reconocen como limitantes para una estructura salarial justa y competitiva son de un abordaje de mediano y largo plazo, como lo es el caso de la generación de empleos, capacitación y un diálogo honesto sobre la legislación laboral, por lo que la sociedad dominicana no puede esperar a que sean resueltos para procurar una mejora salarial.
“Toda vez que “la solución de los mismos no resolverá el problema si cientos o millones de plazas son ocupadas por una migración desordenada, ilegal e indocumentada, y otras veces irregularmente documentada por demás”, expresó.
Denunció que avergüenza el hecho de que en una nación que se precia de estar regida por un estado de derecho, se mantenga vigente la Norma No. 07-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la cual se le reconoce a los empleadores del sector de la construcción el pago de nóminas a personal indocumentado.
Dijo que es penoso que se reconozca dichas partidas validas para fines de reconocimiento de gastos y deducibles para el pago de impuestos, “llevándose de encuentro la constitución y todo el parque legal de extranjería, trabajo y seguridad social, para solo citar cuatro normas.
Sostuvo que tampoco se explica que, habiendo terminado el Plan de Regularización, las autoridades Migratorias no hayan presentado un plan para hacer cumplir las prescripciones del Artículo 6, Ordinal 14 de la Ley General de Migración No. 285-04, que las faculta a inspeccionar los lugares de trabajo con el objeto de establecer la legitimidad migratoria.
Asimismo, la debida habilitación de los extranjeros contratados para trabajar según su categoría de admisión en la República Dominicana; así como sancionar con las multas que se derivan de la aplicación de los artículos 131 y 132 de la referida ley.
