SANTO DOMINGO. Era abril, a menos de un mes de que se celebrarán las elecciones presidenciales del 20 de mayo, cuando el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario declaró que el embajador de Estados Unidos en el país, James W. Brewster le presionó por el “tema electoral”.
Su declaración anunciaba entonces las fricciones de unas relaciones “ríspidas” con el representante del gobierno estadounidense, que al parecer llegaron al clímax con la cancelación de su visado, tanto personal como de funcionario, el jueves pasado.
En esa ocasión, Rosario dijo que había recibido informaciones de que se le retiraría el visado. Y advertía que por debilidad institucional, algunas legaciones se sentían con más autoridad que el órgano electoral, pero que él no “cogía presión”.
Las elecciones no fueron el único tema divergente entre el presidente de la Junta y el gobierno estadounidense. En varias ocasiones, el embajador Brewster se pronunció a favor de que se respetaran los derechos a los ciudadanos que consideraba eran dominicanos de ascendencia haitiana, que habían sido sacados del registro civil, mediante la resolución 12-07, un proceso que motivó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y el posterior Plan Nacional de Regularización.
La resolución de la Junta, cuestionada incluso por varios de los miembros del Pleno, fue calificada de discriminación, una razón por la que el gobierno de Estados Unidos contempla limitar la entrada a su país.
“Este no es un asunto técnico, sino de derechos humanos. Todo hombre, mujer y niño que vive en la República Dominicana debe contar con documentación, status, y seguridad. Todo el mundo merece tener un lugar que puede llamar su patria”, expresó el embajador en un almuerzo al que asistió por motivo del Día de Gracia.
En su nota explicativa de la cancelación del visado, la Embajada se limitó a indicar su derecho a quitar la nacionalidad a cualquier persona que considere, basado en la sección 221 (i) de la Ley de Migración y Nacionalidad.
Cual fuese la razón, la cancelación de la visa empieza a incidir en la elección de los nuevos miembros de la JCE.
Pelegrín Castillo, excandidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y quien, tras las elecciones de mayo formó parte de los grupos que cuestionaron el papel de la Junta, expresó en su cuenta de Twitter su curiosidad por saber si “algún lacayo” pidió la intervención norteamericana para que Rosario no fuera ratificado por el Senado en su posición.
También el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, consideró que ante este hecho, “el Senado debe ratificar a Rosario” como presidente de la Junta. También han surgido comentarios de que la acción del Departamento de Estado puede conllevar un mensaje para que la persona que sea elegida para dirigir el órgano electoral acoja su “línea”.
Sin embargo, el politólogo Carlos Nazario tiene la opinión de que este nuevo tema no tiene ninguna incidencia en la integración de la nueva Junta. “La realidad es que el propio Roberto Rosario ha dicho que no está interesado en seguir en la Junta Central, así que no creo que haya mayor impacto en la elección en el Senado”.
Nazario señala, además, que la Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos no son lineamientos de los estadounidenses, un país que siempre ha decidido quién entra o no a su territorio, sin que tenga nada que ver con las instituciones nacionales.
“Se trata de un conflicto personal, como el propio presidente de la Junta ha dicho. No tiene nada que ver con nuestras políticas públicas como país”, concluyó el politólogo.
