SANTO DOMINGO. La redistribución de los diputados a nivel nacional dispuesta por la Junta Central Electoral (JCE), ha provocado un conflicto judicial entre ese organismo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no sólo ha tocado las puertas de los tribunales, sino que ya ha pasado a las advertencias para impedir su ejecución.
El partido oficialista en la persona del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, en una instancia elevada a través del delegado político del partido ante la JCE, César Pina Toribio y el abogado apoderado del caso Olivo Rodríguez Huertas intimaron al organismo electoral a abstenerse de aplicar la resolución.
Ayer, tras la notificación, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, alertó que no puede suspender la resolución, hasta tanto los tribunales apoderados decidan la impugnación de la decisión. El PLD interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en procura de suspender la ejecución de la resolución.
“Un acto de alguacil no puede tener más fuerza legal que una resolución de la Junta Central Electoral”, dijo Rosario.
Planteó que cualquier decisión que se tome la JCE la respetará y ejecutará. “Hasta que no haya una sentencia de un tribunal, la decisión de la Junta es seguir haciendo lo que está haciendo”, significó.
En la notificación, el PLD hace hincapié en que mediante sentencia el Tribunal Constitucional se ha referido al alcance de la tutela judicial, señalando: “que desde el momento que la parte interesada haga el pedimento, el acto de que se trate no puede ejecutarse”.
Acorde con la disposición de la JCE, la provincia Santo Domingo pasó de 36 a 44 cargos, los que sumados a los 18 del Distrito Nacional hacen un total de 62, para 35% de los cargos, por encima de las demás provincias del país.
La distribución ordena que los 178 diputados (as) del nivel territorial sean distribuidos de conformidad con la densidad poblacional sin que en ningún caso sean menos de dos escaños por provincia. En la división se tomó en cuenta la población existente de 9,445,281 habitantes, y se usó un factor denominador poblacional de 53,063 habitantes.
A raíz de ello, sufrieron cambios en la repartición, las provincias de: María Trinidad Sánchez que de 3 diputados en el 2010, pasa a tener 2; Monte Plata, de 4 tendrá 3; Barahona, de 4 a 3; Espaillat, de 5 a 4; San Juan, de 5 a 4; Duarte, de 6 a 5; San Pedro de Macorís, de 6 escaños pasa a 5; La Vega, de 8 a 7 y San Cristóbal, de 11 escaños pasa a 10.
Las provincias beneficiadas con la redistribución son La Altagracia que de 4 diputados ahora tendrá 5 y Santo Domingo que aumenta su cuota de 36 a 44.
