El Ministerio de Educación y la ADP se comprometieron el lunes a unir esfuerzos para garantizar un exitoso inicio del año escolar.
Sobre el particular hicieron una declaración conjunta de que abordaron el tema, y dejan de lado las versiones de que había diferencias alrededor de la fecha.
Hay que demostrar satisfacción por la buena voluntad expresada y por su reflexión de que la unidad es la clave para lograr verdaderos resultados en las aulas en el siguiente período lectivo.
Sin embargo, que tan temprano se hablara de diferencias en cuestiones tan elementales como el día en que debiera arrancar el calendario, es para preocuparse.
Ojalá se tratara solo de conjeturas y que la pauta de sus relaciones sea lo que anuncian: que el aprendizaje de los niños es lo más importante para todos los integrantes del sector educativo.
Se mantienen las expectativas sobre las relaciones que pudiera tener el nuevo ministro, un educador nato que aunque no está ajeno al “mundillo” de la política no es lo que le caracteriza, con un gremio excesivamente politizado que antepone sus reivindicaciones por sobre todas las cosas.
Incluso, si fuera cierta la versión de que la diferencia residió en que el ministro planteaba comenzar temprano y la ADP un poco más tarde, sería la evidencia de que para Ángel Hernández cada hora de clases es sagrada, frente al recurrente irrespeto de los dirigentes magisteriales al Pacto por la Educación, que los compromete a cumplir “el horario y calendario escolar, promoviendo entre sus miembros la asistencia diaria y puntual a la docencia”.
El próximo será el verdadero año escolar pospandemia, por lo que se debieran obtener los mejores resultados para llenar las “lagunas” que pudo haber dejado un año atípico, que osciló entre lo presencial y lo virtual. Hay organismos internacionales que afirman que en la región el proceso de enseñanza-aprendizaje ha retrocedido una década.
Con cierta duda, por ser tan general y poco explícito, acogemos lo dicho por el ministro de Educación y la ADP de que emprenderán esfuerzos para garantizar un sistema educativo digno, transparente e inclusivo.
