Momentos antes de que una prohibición temporal de WhatsApp entrara en vigor en todo Brasil este mes, el pánico se apoderó del país más grande de Latinoamérica.
Las familias apresuradamente llamaron a sus seres queridos; las empresas hicieron arreglos de último minuto con los proveedores; y los médicos se apresuraron a enviar a los pacientes información de contacto de emergencia alternativa.
Con una cantidad estimada de 100 millones de usuarios, el servicio de mensajería propiedad de Facebook es la aplicación más popular de Brasil, testimonio del rápido crecimiento de la propiedad de teléfonos inteligentes y del uso de las redes sociales aun cuando la economía esté hundiéndose en la peor recesión en más de un siglo.
Sin embargo, los analistas opinan que una reciente decisión por parte de los jueces brasileños para prohibir el servicio de mensajería — por supuestamente no cooperar con investigaciones policiales — amenaza el crecimiento del sector e indica un preocupante cambio hacia una forma de censura del uso del Internet.
Mark Zuckerberg, el fundador y director ejecutivo de Facebook, expresó su opinión diciendo: “La idea de que a todas las personas en Brasil se les pueda negar la libertad de comunicarse de la manera que quieran es extremadamente aterradora en una democracia”.
Los detalles del caso no son públicos, pero los analistas aseveran que un juez en el estado de Sergipe, en el noreste del país, este mes les ordenó a los operadores de telecomunicaciones que bloquearan a WhatsApp durante 72 horas después de que la empresa se negara a compartir los mensajes enviados entre los traficantes de drogas; la prohibición fue revocada 24 horas después por un tribunal superior.
En marzo, el mismo juez ordenó el encarcelamiento durante 24 horas de Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook para Latinoamérica, por la misma razón.
En un caso separado en diciembre pasado, un juez en São Bernardo do Campo, cerca de São Paulo, impuso una prohibición de 48 horas de WhatsApp debido a su incumplimiento de las resoluciones judiciales de compartir información en otra investigación criminal.
Las órdenes judiciales se emitieron conforme el crecimiento de las plataformas como WhatsApp ha convertido a los medios sociales en herramienta extremadamente valiosas en las investigaciones criminales, y ha colocado al sector en el centro del antiguo debate acerca de la privacidad frente a la seguridad.
Según Euromonitor, entre 2014 y 2015 los usuarios de Facebook, de Instagram — su aplicación para compartir fotos — y de Snapchat aumentaron un 7 por ciento, un 15 por ciento y un 26 por ciento respectivamente en Brasil, a la vez que los hogares con un teléfono inteligente aumentaron de 55.5 por ciento a 60.3 por ciento.
En EEUU, las empresas enfrentan situaciones difíciles similares. El Departamento de Justicia estadounidense recientemente le pidió a Apple que extrajera datos del iPhone propiedad de uno de los asesinos en los ataques de San Bernardino.
Bajo la nueva ley del Internet de Brasil, “Marco Civil”, que entró en vigor en 2014, las empresas de telecomunicaciones y los sitios de Internet están obligados a proporcionarles metadatos — información acerca de quién llama a quién y cuándo — a las autoridades, pero no el contenido enviado en plataformas de mensajería.
WhatsApp ha respondido afirmando que no sería capaz de divulgar el contenido de los mensajes enviados a través de su aplicación, incluso si quisiera hacerlo. Este año completó la introducción de la encriptación de extremo a extremo, la cual garantiza que los mensajes sólo puedan ser leídos por el remitente y el destinatario.
Además, según Katitza Rodríguez — directora de derechos internacionales de la Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo de derechos digitales con sede en San Francisco — divulgar el contenido significaría violar la ley en EEUU. La Ley de Privacidad en las Comunicaciones Electrónicas (ECPA, por sus siglas en inglés) de EEUU les prohíbe a las compañías divulgar mensajes sin una orden emitida por un juez estadounidense, razón por la cual el juez brasileño tendría que buscar ayuda a través de un tratado de asistencia judicial recíproco.
“Los jueces no pueden esperar que las compañías reescriban sus aplicaciones para cumplir con los objetivos de los fiscales”, opina la EFF, “ni que se involucren en paradojas legales, en las cuales el cumplir con un requisito judicial en un país llevaría a violar la ley en otro”.
En Brasil, los analistas aseveran que los desafíos de WhatsApp se complican aún más por las dificultades legales y políticas del país.
Cualquier juez local — de los cuales hay más de 15,000 — es capaz de bloquear una aplicación. Muchos no entienden cómo funciona la encriptación, ni son capaces de evaluar el impacto de esta decisión sobre el país en su conjunto, declaró Luiz Moncau de FGV Direito Rio, un instituto de educación superior.
Mientras tanto, algunos creen que los operadores de telecomunicaciones del país han tratado de aprovecharse de los problemas de WhatsApp. Anteriormente, protestaron este tipo de cierres, pero ahora se han mantenido callados ya que beneficia a sus propios servicios de mensajería, declaró Ronaldo Lemos del Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio (ITS), un grupo de expertos. Añadió que esto ha envalentonado aún más al poder judicial.
El Sr. Lemos agregó que los jueces han encontrado apoyo entre los legisladores brasileños que se han sentido cada vez más insatisfechos con la transparencia ofrecida por los medios sociales durante una época en la que muchos individuos están implicados en casos de corrupción.
Antes del cierre de WhatsApp, el Congreso del país estaba discutiendo numerosas nuevas leyes, una de las cuales les otorgaría a los jueces el poder de bloquear cualquier sitio web inmediatamente. Tras la indignación pública en relación con la prohibición de WhatsApp, los legisladores incluyeron una cláusula en el proyecto de ley que exime a los servicios de mensajería, efectivamente protegiendo a WhatsApp de futuras prohibiciones.
Si bien el proyecto de ley promete beneficiar a Facebook, el Sr. Lemos cree que pudiera tener efectos catastróficos sobre el resto de la industria, volviendo al Internet de Brasil — una vez libre y abierto — en un desastre caótico de censura y restricciones arbitrarias. “El propósito original de la ley sigue ahí”, declaró. “Si se aprueba, una gran cantidad de países autoritarios estarán muy envidiosos del sistema brasileño”.
Por Samantha Pearson y Hannah Kuchler (c) 2016 The Financial Times Ltd. All rights reserved
