SANTO DOMINGO.- El Sistema de las Naciones Unidas condenó, de manera enfática, las “situaciones dramáticas” de violencia y abuso sexual contra niños y adolescentes en la República Dominicana.
Asimismo, llamó a las autoridades a que aumenten la protección a los menores.
Dijo que “es necesario, no solo juzgar el hecho en sí mismo, sino también analizar las causas y señalar la responsabilidad de los diversos actores del Estado y de la sociedad, en la protección de la niñez”.
Recordó que “son los Estados los que están obligados a hacer cumplir los Derechos Humanos, siendo así los principales responsables por garantizar la integridad de los niños y adolescentes y tomar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para proteger esa integridad”.
“Corresponde al Congreso Nacional tomar todas las medidas legislativas tendientes a proteger a la Infancia”, indicó el organismo en un documento.
Explica que “en varias oportunidades se ha abordado públicamente la necesidad de prohibir legalmente el matrimonio infantil en el país, estando pendiente la aprobación de dicha disposición. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una de las principales fuentes de violencia contra las niñas”.
“Por otra parte, el Poder Judicial debe velar por la aplicación efectiva del Interés Superior del Niño y asegurarse que ambos progenitores, y particularmente el padre, cumplan con sus responsabilidades parentales, conforme con lo que señala la Ley 136-03”, abunda.
Agregó que “asímismo, corresponde al Poder Judicial perseguir a los hombres adultos casados con menores de edad, que están cometiendo un delito de abuso sexual, aunque vivan en pareja”.
Exhorta al Estado dominicano a “asignar todos los recursos necesarios, tanto presupuestarios como técnicos e institucionales para que el sistema de protección de la infancia pueda cumplir la finalidad para la que fue creado”.
“En segundo lugar, corresponde a la sociedad proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia. Esta responsabilidad incluye rechazar enfáticamente la tolerancia a las prácticas sociales que justifican o encubren la violencia, como el abuso infantil disfrazado de relaciones de pareja entre hombres adultos y niñas y adolescentes, que es ampliamente permitido en el país, así como la incesante violencia contra la infancia y la adolescencia”, indica.
Añadió que “en tercer lugar, corresponde a las familias y no solo a la madre, la protección de los niños, niñas y adolescentes, aun cuando los padres no vivan juntos. Las obligaciones específicas del padre deben ser cumplidas”.
Dice que “el rol de las madres no puede ser censurado sin considerar su situación y condiciones particulares. No es posible culpabilizar a las madres sobre hechos en los que los padres, la sociedad y el Estado no han cumplido debidamente sus propias obligaciones, no sólo con los niños y niñas, sino también con las propias madres, que en muchos casos son víctimas del matrimonio infantil”.
“Las uniones tempranas de niñas, la mayoría con hombres adultos, las exponen al abuso sexual, limitan sus posibilidades de desarrollo al convertirlas en madres tempranamente y las lleva, en muchos casos, al abandono, reproduciendo el ciclo de la pobreza y de la violencia, tal como se ha visto en casos recientes”, declara.
Sostiene que “la violencia contra las niñas y niños no es un asunto privado, y es necesario denunciarla y llevarla a la atención pública. Los medios de comunicación son muy eficaces al momento de cuestionar actitudes que condenan la violencia, y de fomentar conductas y prácticas de protección”.
“Es necesario que el Estado y la sociedad, incluyendo en ella a los líderes de opinión y medios de comunicación, actúen decididamente para cortar el círculo vicioso de la violencia que se esparce de generación en generación”, expresa.
Señala que “es imprescindible erradicar los discursos machistas que responsabilizan a las mujeres y quitan responsabilidad a los hombres sobre el abandono de los hijos, el matrimonio infantil y otras formas de violencia de género. Para ello es vital trabajar en la formación y el apoyo a las familias para que desde la primera infancia eduquen a sus hijos e hijas sin violencia, y a sus hijos varones en el respeto e igualdad de derechos y obligaciones con sus hermanas”.
En ese sentido, reitera su compromiso de “seguir apoyando todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad para el cumplimiento de estos derechos, convencidos de que todo esfuerzo por construir un futuro libre de violencia para los niños y niñas en República Dominicana permitirá avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, sin dejar a nadie atrás”.
