SANTO DOMINGO. Septiembre será el mes en que los distintos sectores representados en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana (CES) discutirán a fondo sus propuestas sobre el futuro del sector eléctrico del país, con la esperanza de lograr un consenso, según lo anunciado a principios de agosto por el presidente de ese organismo, monseñor Agripino Núñez Collado.
Pero no será un camino fácil de recorrer en un sector que por décadas ha ido acumulando contradicciones, de las cuales una de las más sensibles es la del papel del Estado en el negocio.
La propuesta del Gobierno colgada en el sitio http://pactoelectrico.do/, organizado por el CES en el inicio del proceso, revela la enormidad de ese reto. El Gobierno, representado por la CDEEE, propone la creación de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM), que se encargaría de coordinar las unidades de generación térmica propiedad del Estado, diferente a la EGEHID, y que “actuaría bajo la coordinación y lineamientos de la CDEEE”.
El Gobierno propone, “sobre la base de los acuerdos de ese Pacto”, la formulación y aplicación de un Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico 2015—030, y que tenga “como punto focal a la CDEEE”. Pero la CDEEE ejecuta este plan, sobre todo en el área de la generación con la construcción de la central a carbón en Punta Catalina, desde el inicio de la Administración del presidente Danilo Medina, lo que lo convierte en un hecho consumado.
Sobre la sostenibilidad financiera del sector, la propuesta gubernamental incluye “la fijación de topes” de transferencias públicas, lo que sería gestionado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), junto a los ministerio de Hacienda y de Economía.
Pero el papel protagónico que desempeña la CDEEE en el sistema eléctrico es un tema polémico, incluso dentro del mismo Gobierno.
En junio de 2015, el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, propuso la eliminación de la CDEEE, y que las empresas estatales de distribución eléctrica, que son EdeEste, EdeSur y EdeNorte, sean vendidas al sector privado, como forma de garantizar su eficiencia económica y gerencial.
Pero la propuesta gubernamental “propone” que la Superintendencia de Electricidad asuma los roles estipulados en el artículo 24 de la Ley General de Electricidad, y que la acreditan “como la autoridad competente para regular y hacer cumplir la regulación por parte de los diferentes agentes del sistema, independientemente de su origen nacional o extranjero o de su naturaleza pública o privada”.
