SANTO DOMINGO. En lo que sería el primer proceso penal que por corrupción judicial se les sigue a jueces, el Ministerio Público presentó ayer formal acusación, y pidió apertura a juicio en contra de la suspendida magistrada Awilda Reyes Beltré y el ex juez Francisco Arias Valera.
El requerimiento fue realizado por el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, conjuntamente con el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura María Guerrero Pelletier, en una instancia elevada ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación.
En un documento de 28 páginas, los titulares del Ministerio Público interpusieron formal querella contra los funcionarios judiciales, bajo los cargos de prevaricación, soborno o cohecho, coalición de funcionarios y asociación de malhechores. En tal virtud solicitaron la designación de un juez de la instrucción especial a fin de conocer, en audiencia preliminar de la presente acusación y requerimiento de apertura a juicio.
Acorde a la instancia, ambos procesados formaban parte de una estructura corrupta que se encargaba de recibir sobornos y prebendas de particulares a cambio de favorecer imputados acusados de delitos graves, principalmente, narcotráfico y lavado de activos.
En lo que respecta a Arias Valera, la investigación evidenció que traslados, ascensos, suspensiones de procesos disciplinarios, premios e impunidad eran ofertados por el imputado a cambio de obtener de los jueces respuestas favorables a sus solicitudes; en algunos casos, los magistrados accedían a sus pedimentos por ascensos o temor a represalias y en otros, a cambio de considerables sumas de dinero.
En cuanto a Reyes Beltré refiere que prestó su ministerio para dictar en su condición de jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional varias sentencias aceptando requerimientos, dádivas y promesas de Arias Valera.
Según el Ministerio Público los hechos en que incurrieron los imputados se constituyen en verdaderos tipos penales, al haber incurrido éstos en conductas reprochables y penalmente relevantes.
Detalla que Arias Valera recibió del imputado Erickson de los Santos Solís (Ney) dinero para favorecerlo a través de un habeas corpus, del cual, a su vez hizo entrega de RD$350,000.00 a la imputada Reyes Beltré para materializar su libertad. A la suspendida jueza se le atribuye, además, ordenar la devolución de la aeronave CESSNA, matrícula N61MA al empresario venezolano José Bacile, la que, según la Fiscalía, pertenece al fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, y la entrega de US$20 millones a la sociedad Prado Universal Corp., y su principal accionista, Arturo del Tiempo Marqués, quien cumple condena en España por narcotráfico.
Mientras a Arias Valera se le atribuye hacer promesas, ofrecimientos y dar recompensas a Reyes Beltré por ejecutar dichas sentencias.
En el presente caso, indica el Ministerio Público, se ha transgredido la Constitución de la República, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana Contra la Corrupción y varios artículos del Código Penal Dominicano.
