La Nación Dominicana se consternó con el asesinato del profesor Mateo Aquino Febrillet, ex rector de la UASD, por manos de unos compañeros suyo, que militan en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que dirige la alianza opositora para las elecciones del 2016, cuyo candidato es, Luis Abinader Corona.
Las Infracciones por su móvil se agravan o se atenúan, pero en la República Dominicana las infracciones de índole político sólo suenan unos días y después por conveniencia política, gestionan libertad de los infractores o cualquier cosa que sea en beneficio de un Partido Político, osea, aquí nadie está seguro, pues se vende y se compra todo, en esta nación hasta el criterio y la moral tiene un precio.
Por esa degeneración social, es que ahora hay una coalición de partidos que históricamente han sido antagónicos incluso hasta en objeto de formación, porque, quién pensaría ver juntos al PLD y al PRD, pero ahora lo están, y no sólo estos están juntos, sino un grupito de partidos considerado parásitos sociales, cuyo objeto fundamental es que sus directivos generen posiciones, cargos y riquezas económicas bajo todo manto de impunidad, ahí está la causa por la cual algunos asesinos patológicos, sicarios, degenerados, que militan mayormente en algunos partiditos, son tomados por los partidos grandes para que realicen el denominado trabajo sucio de darle muerte a sus opositores y críticos, a candidatos fuertes, en definitiva sin tomar en cuenta a qué tipo de persona le están causando el daño, de eso fue víctima Mateo Aquino Febrillet y lo serán otros antes de que termine la campaña electoral del 2016. También están juntos el PRM y el PRSC, y otros partiditos inhóspitos del sistema dominicano, para terminar de completar la desgracia extrema de la nación.
De urgencia hay que aprobar una legislación de partidos, no la que ahora piden los presidentes de la República Danilo Medina Sánchez y del fallecido Partido Revolucionarios Dominicano (PRD) ¡que descanse en paz!, cuyo cadáver político lo preside Miguel Vargas Maldonado, porque esa solicitud de estos dos personajes políticos no es sincera, pues se realiza después que ambos han promovido el descalabro de los partidos políticos y siguen atrayendo sus gentes ofreciéndoles cargos y prebenda para que abandonen sus partidos y promuevan en su favor una ilusión falsa.
Danilo Medina puede ser un gran hombre, pero lo único que se le objeta es que entienda igual que los demás de sus partido que la República Dominicana es propiedad exclusiva del PLD, para controlar todos los poderes públicos de manera avasallantes y perversa.
La legislación que será aprobada, debe contemplar un conjunto de infracciones y penas graves, desvinculando los crímenes políticos de los crímenes comunes, es decir, hay que tipificar las conductas de crímenes políticos y su sanciones, que pudieran ser las siguientes; 1) el quitarle la vida a una persona, candidato o aspirante, conllevará una pena de 100 años de reclusión mayor; 2) comprar personas y candidatos de otros partidos, a través de cargos en el gobierno o empresa privada, conllevará la cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, y la destitución de las funciones, sea Presidente o Vice de la República, Senador, Diputado o funcionario público; 3) Promover asociación de malhechores, para el sicariato político, compra masiva de votos u obstaculizar el acceso a las urnas o valerse de encuestas falsas, para promover mentira sobre la preferencia, conllevará la cadena perpetua sin libertad condicional; 4) Apoderarse de un partido, ocupando la presidencia fuera de los estatutos y de la Constitución, y más allá del período del que fue elegido, promoviendo negocios políticos, lucrativos personales, o la venta o empeño del partido, conllevará la pena de muerte, instantánea con la emisión de la primera sentencia, sin derecho a recurrir; 5) Valerse de la función de juez electoral, o miembro de la junta central electoral, para realizar fallos injustos, denegar justicia, aprobar candidatura u otra acciones de manera parcializada, conllevará la pena de muerte, sin derecho a recurrir, ejecutoria con la primera sentencia.
Finalmente esa legislación, debe contener la pena de muerte, para las infracciones similares a las anteriores, y para todos aquellos jueces, miembros de juntas u organismo electoral que violente la ley y la Constitución, en beneficio de un partido del que ha sido miembro o recibe mandato expreso.
