Una amplia mayoría de 26 países aprobó este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución para pedir a las autoridades bolivianas que convoquen «urgentemente» elecciones en el país andino, sacudido por fuertes protestas desde hace semanas.
La iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia (actualmente con un Gobierno interino) y de naciones caribeñas como Antigua y Barbuda, que consideraron crucial la convocatoria de elecciones, aunque criticaron el papel de las Fuerzas Armadas y la forma en la que Jeanine Áñez asumió la Presidencia hace una semana.
Tres naciones, entre ellas Nicaragua y México, se opusieron, mientras que cuatro se abstuvieron y una misión estuvo ausente.
La iniciativa busca presionar a Jeanine Añez para que fije una fecha para la convocatoria de elecciones, algo que este mismo miércoles la política boliviana aseguró que hará en unas horas.
Áñez asumió la Presidencia de forma interina después de que el 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia tras divulgarse un informe de la OEA en el que se denunciaban graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre, en los que fue reelegido para un cuarto mandato.
En concreto, la OEA resolvió hoy «llamar a las autoridades bolivianas a convocar urgentemente a elecciones, de conformidad con el mandato constitucional y legal de Bolivia, adoptando prontamente un calendario electoral que brinde certeza al pueblo boliviano sobre un proceso electoral con todas las garantías democráticas».
Asimismo, las 26 naciones pidieron a las autoridades de Bolivia, donde se han recrudecido las protestas tras la renuncia de Morales, que garanticen que quien viola los derechos humanos tendrá que asumir responsabilidades ante la Justicia.
Ese punto de la resolución alude, aunque sin mencionarlo, a un decreto emitido por el Gobierno provisional liderado por Áñez y que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han pedido la derogación de ese decreto porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con «impunidad.»
