Un elegante velero argentino de tres mástiles se convirtió en un punto de inflamación en una de las más largas y más discutidas sagas de deuda soberana en la historia cuando fue detenido en Ghana hace tres años por un fondo de cobertura litigioso que buscaba acechar al gobierno en Buenos Aires por una deuda vencida.
El ARA Libertad fue finalmente liberado cuando un tribunal de la ONU dictaminó que el barco estaba protegido por inmunidad soberana, pero el episodio mostró los extremos a los que Elliott Management, un fondo de cobertura fundado por el agente del poder republicano Paul Singer, irían a extraer el pago de bonos que Argentina dejó de pagar 2001.
Después de más de una década de guerras legales, Argentina podría estar en la cúspide de la paz con sus acreedores. No obstante, incluso si Buenos Aires llegara a un acuerdo con Elliott, los expertos temen que la saga dejará un legado tóxico más amplio en el mundo reestructuración de la deuda que podría persistir en los años venideros.
“En muchos sentidos, esto dejó de ser sobre Argentina hace mucho tiempo”, dice Anna Gelpern, profesora de derecho en la Universidad de Georgetown.
La génesis de lo que se ha llamado el “juicio del siglo” para la deuda soberana se remonta a 2001, cuando una crisis económica obligó a Argentina a dejar de pagar más de US$80 mil millones de bonos. Los gobiernos posteriores acrecentaron los temores de los acreedores y sólo ofrecieron pagar unos 30 centavos de dólar en 2005 (y de nuevo en 2010).
Muchos resignadamente aceptaron los términos punitivos, pero una minoría significativa se sintió lo suficientemente perjudicada por la oferta y decidieron litigar en su lugar.
Es difícil demandar a países, ya que la mayor parte de sus activos en el extranjero gozan de inmunidad soberana y los jueces nacionales tienden a alinearse con sus gobiernos. Sin embargo, los acreedores “holdout” de Argentina, incluyendo a Elliott, que tiene una reputación temible para escurrir el dinero de países recalcitrantes, han desplegado una estrategia brillante pero controvertida contra Argentina.
Todos los bonos tienen cláusulas que estipulan lo que los prestatarios pueden o no pueden hacer. Una se llama “pari passu”, que en latín significa en igualdad de condiciones. Cuando las empresas van a la quiebra, los acreedores “pari passu” tienen igualdad de rango cuando sus activos son vendidos y proceden a repartirse. La cláusula también ha figurado tradicionalmente en los bonos de gobierno a pesar de que los abogados consideran que es irrelevante ya que los países no pueden ser liquidados.
Sin embargo, Elliott y su codemandante Aurelius Capital —fundada por el ex funcionario de Elliott, Marcos Brodsky — argumentaron que la cláusula pari passu de la deuda de Argentina debería significar que el país no podría seguir pagando los tenedores de bonos que aceptaron la reestructuración de 2005 y 2010 sin pagarles a ellos en su totalidad también.
Increíblemente, el Juez de Distrito estadounidense Thomas Griesa no sólo estuvo de acuerdo con la interpretación de Elliott, sino que también en su fallo incluyó una orden judicial contra cualquiera que ayudara a Argentina evitar pagar a los acreedores “holdout” al mismo ritmo”.
En la práctica esto prohibió que los bancos procesaran los pagos de Argentina en sus mercados de bonos reestructurados y obligó al gobierno — en el momento encabezado por Cristina Fernández de Kirchner — a elegir entre pagar a los acreedores “holdout” o quebrar de nuevo. Al no estar dispuesta a llegar a un acuerdo con los acreedores que criticó como “buitres” y “terroristas financieros”, Argentina en 2014 cesó de hacer pagos por octava vez en su historia.
Pero un nuevo gobierno reformista dirigido por Mauricio Macri asumió el poder el año pasado, y Argentina llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos minoristas italianos y dos fondos de cobertura a principios de este mes. La semana pasada el Juez Griesa intensificó la presión sobre los cuatro restantes — incluyendo Elliott — a comprometerse elevando la posibilidad de levantar el mandato judicial. Quedan obstáculos, pero se espera una solución pronto.
Sin embargo, la estrategia de pari passu de Elliott es ahora precedente legal, lo que podría convertir la frase en latín en la dinamita de los bonos soberanos demostrando que los países pueden ser demandados con éxito, alterando la dinámica de bancarrotas estatales.
Todas las reestructuraciones soberanas tienen acreedores no aceptantes, pero por lo general son tan insignificantes que pueden ser pagadas en su totalidad sin alterar el reparto total. Pero si suficientes acreedores piensan que pueden esperar un reembolso completo, las deudas públicas vencidas podrían volverse aún más difíciles de resolver.
Algunos expertos señalan que la cláusula de Argentina tenía una redacción especialmente problemática, y se preguntan si otros acreedores tienen el estómago de Elliott para enfrentar una costosa cruzada legal de una década. Muchos bonos también se incluyen las llamadas “cláusulas de acción colectiva” (CAC) que unen a todos los acreedores a un acuerdo de reestructuración acordado por una mayoría calificada.
No obstante, las implicaciones potenciales han sacudido la industria de la reestructuración de la deuda soberana a tomar acciones correctivas. Los países están comenzando a emitir bonos con cláusulas pari passu modificadas y han fortalecido a las CAC para neutralizar la amenaza de acreedores “holdout”.
Esto, sin embargo, sólo afecta a los nuevos bonos emitidos. Hay cientos de miles de millones de dólares en deuda ya emitida que podrían, en teoría, ser vulnerables a los litigios al estilo de Argentina. Por ejemplo, se espera un incumplimiento en Venezuela este año y los abogados dicen sus bonos podrían dar lugar a una batalla legal desquiciada de manera similar.
“Con el tiempo veremos qué tan grande es el impacto que esto tendrá”, dice la profesora Gelpern. “Esperemos que no nos demos cuenta demasiado pronto”.
Robin Wigglesworth y Benedict Mander (c) 2016 The Financial Times Ltd. All rights reserved
