GUATEMALA. Iván Velásquez ya no puede caminar por la calles de Ciudad de Guatemala sin ser reconocido. Es la nueva celebridad. Cada vez que lo hace, a este alto y estoico jurista de 60 años, con poco pelo, y barba y bigote encanecidos, la gente lo aborda, lo saluda y le agradece que haya puesto de cabeza al gobierno del general guatemalteco Otto Pérez Molina tras destapar varios escándalos de corrupción.
Es una especie de héroe nacional.
En los foros públicos la gente le ovaciona de pie cuando lo escucha, le pide tomarse fotos con él, le sonríen y aplauden, y, a son de broma, le llaman “Iván El temible”. Hasta un grupo de periodistas lo abordó una vez cuando salía de misa en la Catedral Metropolitana.
Aunque Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no se siente cómodo con la atención, la entiende. El discreto y reservado abogado, que tampoco le gustan los excesivos halagos, puso el dedo en la llaga de la corrupción que afrontaba el país centroamericano y echó a andar la maquinaria de la justicia que alcanzó al propio ex presidente Pérez Molina, que ahora está en prisión y vinculado a un proceso judicial.
La Comisión, instalada en Guatemala en 2007, es un proyecto único en el mundo. Por primera vez un gobierno permite que un ente independiente e internacional investigue el crimen organizado de un país. Por el trabajo de esta Comisión, este último gobierno vio a su presidente derrocado.
La gente dice que es más fácil sacarle agua a las piedras que una palabra de Velásquez. Pero, incluso él, no pudo evitar reaccionar con asombro cuando vio en una computadora las fotografías de la multitudinaria marcha de miles de guatemaltecos en repudio a la corrupción, que apoyaban el trabajo que la Comisión realizaba.
“No alcancé a vislumbrar que esto generara un movimiento de esta naturaleza”, dice Velásquez luego de ver que unas 50.000 personas salieron a las calles el 25 de abril, sólo siete días después que junto a la Fiscal General, Thelma Aldana, anunciaran la desarticulación de una red que recibía sobornos de empresarios para evadir impuestos y que alcanzó las más altas esferas del gobierno.
Se trató de la más impresionante demostración del poder del pueblo en un país tradicionalmente cooptado por el miedo y resignado a padecer la corrupción.
“En una sociedad acostumbrada a que la justicia no funcione y que los privilegiados sean protegidos por la impunidad, (ahora) hay confianza en el quehacer de las instituciones”, dijo Velásquez a The Associated Press.
La lucha contra la corrupción no le es ajena a Velásquez. Cuando llegó a Guatemala en 2013 ya traía como experiencia el combate frontal que hizo en su natal Colombia a las relaciones indebidas de un sector oficialista de la clase política cercana al ex presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y a las violaciones a derechos humanos.
Un día cualquiera, en la oficina de Velásquez, se puede presenciar el desfile de funcionarios, políticos, particulares, abogados, periodistas y otros que llegan en busca de información o para compartir algo que saben.
Velásquez supo que el contrabando era uno de los grandes problemas del país, fue entonces cuando le siguió el hilo a una vieja investigación de la Comisión que lo condujo a la red conocida como “La Línea”, en la que funcionarios y particulares recibieron sobornos de empresarios a cambio de que les ayudaran a evadir impuestos.
El escándalo no sólo se tumbó a Pérez Mollina sino también a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien también está en prisión acusada de pertenecer a la presunta estructura criminal. Por lo menos, cien personas también están bajo investigación.
Desde que se instaló en 2007, la Comisión ha conocido más de 119 casos en su fiscalía especial creada para tratar delitos de alto impacto, entre ellos los temas de corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros. El equipo de Velásquez también elaboró un informe sobre el financiamiento político en el país y estimó que al menos el 25% proviene del narcotráfico.
