El Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD) advirtió que la reciente Resolución SIE 007-2026 introduce distorsiones económicas que desincentivan la adopción de energía solar en hogares y pequeñas empresas, al imponer un cargo por uso de red a los usuarios pertenecientes a la tarifa de Baja Tensión Simple (BTS).
A través de un informe técnico de ponderación, el IEUASD señaló que, aunque la resolución aborda de forma general aspectos positivos para la Generación Distribuida (GD), el cobro aplicado a los «prosumidores» —usuarios que producen y consumen su propia energía— carece de sustento conceptual y resulta discriminatorio.
Incoherencia en el cobro de peaje de red
El centro académico explicó que el problema de fondo en el sector eléctrico radica en que la no aplicación de la tarifa técnica impide a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) percibir el Valor Agregado de Distribución (VAD) necesario para sus operaciones. Sin embargo, enfatizó que responsabilizar a los pequeños generadores residenciales y comerciales de este déficit constituye un error:
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Ahorro de pérdidas técnicas: Los clientes BTS inyectan su energía excedente en el mismo punto donde la reciben para ser consumida por vecinos cercanos, lo que minimiza la pérdida de energía en las redes.
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Trato inequitativo: El informe argumenta que resulta contradictorio aplicar un peaje de distribución a pequeños usuarios mientras a los grandes parques fotovoltaicos —que entregan energía directamente en las subestaciones— no se les exige dicho cargo, lo que vuelve inviable la inversión en paneles solares.
“Resulta contradictorio cobrar un peaje de distribución a un usuario que no utiliza la red para comercializar su energía. Por el contrario, la inyección descentralizada reduce las pérdidas del sistema, por lo que este tipo de usuario debería recibir un reconocimiento en lugar de una penalización”, precisa el documento técnico.
Propuesta: Transición hacia una facturación neta de dos bloques
Para corregir el déficit financiero de las distribuidoras sin frenar la transición energética, el Instituto de Energía de la UASD propuso sustituir el modelo actual por un esquema de facturación neta sustentado en una tarifa técnica dividida en dos bloques:
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Primer bloque (0 a 300 kWh/mes): Precio ajustado al Precio Medio de Compra (PMC) de las distribuidoras más un margen administrativo, respaldado por subsidios focalizados para sectores vulnerables.
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Segundo bloque (301 kWh/mes en adelante): Aplicación de la tarifa técnica completa (PMC + VAD técnico), bloque al cual quedarían integrados de forma automática todos los prosumidores.
Bajo esta propuesta, las inyecciones de energía solar se valorarán al Precio Medio de Compra del mercado mayorista y los retiros se liquidarán conforme a la tarifa técnica correspondiente, garantizando la equidad comercial entre las EDE y los usuarios del sistema.
