SANTO DOMINGO. El diputado Juan Hubieres manifestó que las pretensiones de cambiar la medida de coerción de prisión preventiva al presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafín), Arsenio Quevedo, comprueba la complicidad de diputados, senadores, síndicos y funcionarios del gobierno con estos grupos que se dedican al crimen organizado.
Hubieres externó sus consideraciones después del conocimiento de la solicitud a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que varié la medida de coerción consistente a un año de prisión preventiva en la cárcel de Higüey, al presidente de Unatrafín, Arsenio Quevedo, imputado por ser el supuesto jefe financiero de una red de sicarios que por lo menos han asesinado a ocho personas.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión del sindicalista del transporte.
En una comunicación de prensa, Juan Hubieres indicó que: “Esto reafirma porque reaccionaron con ira en mi contra, cuando denuncie en la Cámara de Diputados que esta banda estaba protegida por el gobierno, y la contra respuesta fue acusarme que yo cargaba un arma de fuego en el hemiciclo, el día del cepillo”, recordó el legislador.
Precisó que la unión de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), y Revolucionario Dominicano (PRD), ayer reafirmaron, además, el pacto por la impunidad, para favorecer a los actores principales de esa banda criminal.
Juan Hubieres advierte que poner en libertad al jefe indicado de una peligrosa banda obstruirá las investigaciones que realiza la justicia.
Ayer, los diputados Francisco Bautista, del PLD, y Luis Castillo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acudieron ante Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en calidad de garantes en la audiencia de apelación a la medida coerción que envió a prisión al presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, Arsenio Quevedo, a quien la Fiscalía acusa de ser el jefe financiero de la red de sicariato a la que se le atribuye el asesinato de varios transportistas, mafia de combustibles y lavado de activos.
Mientras que el senador y el alcalde de Elías Piña, Adrinao Sánchez Roa, y Fernando Cubilete, respectivamente, manifestaron que su presencia en el tribunal era de solidaridad con el imputado.
