“En España mueren doce personas al día afectadas por esta enfermedad”.
Por: Amín Arias Garabito, Revista Ávila en Salud.
El conflicto estalló hace unos meses entre la Administración Pública Española y los afectados por la Hepatitis C a cuenta de la financiación de los nuevos y costosos tratamientos de tercera generación para combatir la enfermedad que afecta a más de 52.000 pacientes en toda España.
El Gobierno de la Nación puso trabas desde el primer momento a su financiación por los elevados costes que trastocan los planes de austeridad que viene implementando en la Sanidad Pública, lo que dio origen a un fuerte movimiento ciudadano que se levantó para exigir el derecho a obtener una medicación que ayude a los afectados a prolongar sus años de vida y a vivirla con dignidad.
Multitudinarias marchas y encierros en hospitales y centros de salud finalmente han servido para que el Gobierno destine una partida presupuestaria de unos 720 millones de euros; lo que ha desatado un nuevo conflicto con las Comunidades Autónomas, ya que la disposición gubernamental es de que estas sean las que asuman los costes de los tratamientos, que superan los 60.000 euros por paciente, en un período de tres años.
Es ahí donde está el aparente problema: en la negativa de la Administración Central a pagar unos costes tan elevados por unos fármacos de nueva implantación, y ocultando, a su vez, los conflictos de intereses que se han generado con las farmacéuticas.
Sin embargo, olvida la Administración los beneficios del Sovaldi, que cuenta con una tasa de curación superior al 90%, que ha permitido que cientos de pacientes que han recibido el tratamiento se hayan curado definitivamente, dejando atrás el tortuoso camino por el que les obligaba a transitar los anteriores tratamientos que no alcanzaron nunca un nivel aceptable de curación de los pacientes.
Esa inversión en los nuevos fármacos generaría en un no muy largo espacio de tiempo una reducción general en los costes de los tratamientos por paciente, ya que con la curación de la inmensa mayoría de ellos se evitaría la compra de medicamentos que finalmente no son tan efectivos como el Sovaldi y que, en muchos de los casos, llevan al extremo de tener que practicar sendos trasplantes de hígado cuya intervención y seguimiento posterior no dejan de ser igual de costoso. (Todo esto en un país donde los trasplantes son gratuitos para los pacientes, y gran parte de los tratamientos también).
La enfermedad de la Hepatitis C, que originalmente durante la década de 1970 fue conocida como Hepatitis no A no B, debido a que no estaba calificada hasta su confirmación en 1989, es, como lo cuentan quienes la padecen, un verdadero suplicio. La cirrosis hepática y el cáncer de hígado que pueden llegar a ser provocados por las complicaciones de un cuadro crónico de la enfermedad, mantienen en vilo a toda la población afectada porque les sitúa en la cuerda floja a razón de que los anteriores medicamentos apenas superaban el 50% de curación.
En España mueren doce personas al día afectadas por esta enfermedad, según los datos de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Algo, que según ellos, se puede evitar dando a los afectados los tratamientos recientemente aprobados y de los que se conoce su efectividad.
Por ello, varios miembros de la Plataforma se dirigieron al Parlamento Europeo al que solicitaron su intervención en la dramática situación que padecían. No obstante, por más buenas intenciones que existan, poco pueden hacer los Eurodiputados, ya que de lo que se trata es de una cuestión interna del país que encierra una evidente falta de voluntad política, unida a unas políticas de austeridad y recortes brutales en la Sanidad Pública.
Los recursos interpuestos ante la administración de justicia contra la Administración Central y su gestión de esta crisis han prosperado, teniendo que ser los jueces quienes, por ejemplo, ordenaran al Ministerio del Interior asumir los costes del tratamiento de los enfermos de Hepatitis C recluidos en las cárceles dependientes de Instituciones Penitenciarias.
El Ministerio se negaba a pagarlos argumentando que era responsabilidad de las Comunidades Autónomas, pero varias sentencias han dado la razón a los gobiernos regionales, obligando a Interior a pagar por la administración de los fármacos bajo un argumento muy sólido: el seguimiento de los pacientes de Hepatitis C se realiza en consultas, lo que no requiere un ingreso hospitalario. Por tanto, como la responsabilidad de mantener a los reclusos bajo vigilancia médica es de Instituciones Penitenciarias, que tiene convenios anuales con los hospitales públicos para los casos de internamiento, cuando estos no sean requeridos es el propio Ministerio del Interior el que debe cubrirlos.
Pero la lucha ha continuado e Interior ha recurrido las disposiciones de los Tribunales de Primera Instancia y ha elevado el caso a los Tribunales Superiores de Justicia. Pero finalmente tuvo que claudicar aceptando la condena y abandonando las intenciones de llevar el pleito ante el Tribunal Supremo.
En el caso de los reclusos la incidencia de la enfermedad es aún mayor que en la población general. De un censo de 65.000 presos unas 16.000 personas padecen Hepatitis C, lo que arroja una cifra de un 22%, lo que supone una verdadera epidemia dentro de la población penitenciaria. Y es así como finalmente Instituciones Penitenciarias ha destinado una partida de 20 millones de euros de los presupuestos de 2016 para la adquisición de los nuevos fármacos.
Andalucía y Extremadura han adelantado el pago de los mismos sacándolos de sus presupuestos para este año, lo que deja ya en el pasado la denuncia hecha por la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria de que los reclusos no estaban siendo tratados.
En el caso de Cataluña, que no entra dentro de las previsiones del Gobierno porque tiene cedidas las competencias, ya se han destinado las partidas presupuestarias que asegurarán la aplicación del plan para salvar las vidas de los enfermos de Hepatitis C. Las presiones de distintos organismos y los encierros en el Hospital Vall d´Hebron han logrado que la Generalitat se ponga manos a la obra.
A día de hoy más de 18.000 afectados por la Hepatitis C han recibido el Sovaldi y se estima que en un período de tres años unos 51.900 enfermos serán sometidos a dicho tratamiento, según los datos que maneja el Plan Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, creado por el Gobierno.
El conflicto parece haber llegado a su fin. La lucha ciudadana ha valido la pena, a pesar de que constan denuncias de retrasos dolosos en algunas Comunidades Autónomas que están retrasando de forma inexplicable la administración de estos fármacos de tercera generación, vitales para garantizar la curación de miles de pacientes.
El derecho fundamental a la vida que nos reconoce la Constitución en su artículo 15 no debe ser conculcado jamás bajo ningún pretexto economicista, al igual que el derecho que tenemos todas y todos a disfrutar de buena salud, como recoge el artículo 43 de la Carta Magna, por lo que los poderes públicos están obligados a protegerla ofreciéndonos las prestaciones y los servicios necesarios. Los afectados por la Hepatitis C necesitan de esa protección y de esos servicios y nuestro compromiso ha de ser siempre el de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de ellos.
Esperamos que esta experiencia en suelo español sirva de estimulo, orientación y ayuda a otros afectados de similares características en otros países.
Artículo publicado por Revista Española Ávila en Salud, en colaboración con Diario Despertar y SAMI XXI SL. Puede acceder a la revista en www.emstore.es
