El presidente Luis Abinader anunció la paralización definitiva del proyecto minero Romero, poniendo fin a la incertidumbre que por años se mantenía en la provincia de San Juan.
La decisión, respaldada en la normativa ambiental vigente, responde al rechazo expresado por amplios sectores de la población, que advertían posibles consecuencias negativas para la zona. El mandatario dejó claro que su administración no aprobará iniciativas de explotación minera cuando exista una oposición mayoritaria.
Durante su intervención, enfatizó que el Gobierno actúa guiado por la prudencia, la transparencia y la atención a las demandas ciudadanas. Indicó además que el nivel de rechazo social convierte el proyecto en inviable desde el punto de vista legal.
El jefe de Estado sostuvo que escuchar a la población es una responsabilidad fundamental de su gestión, señalando que la medida se fundamenta en el cumplimiento de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
Asimismo, recordó que el proyecto Romero no surgió recientemente. Explicó que sus antecedentes se remontan a concesiones de exploración otorgadas entre 2005 y 2010, mientras que entre 2015 y 2018 se realizaron estudios técnicos adicionales para definir su alcance.
El presidente precisó que, desde el inicio de su gobierno en 2020 hasta la actualidad, el proyecto se mantuvo únicamente en fase de evaluación ambiental, sin haber recibido autorización para su explotación.
Con esta decisión, Abinader reafirmó que su prioridad es el bienestar de la población y la protección de los recursos naturales, cerrando así un capítulo de incertidumbre en la región.
Contexto del proyecto
El proyecto minero Romero, ubicado en la cuenca alta del río San Juan, ha sido durante años motivo de debate entre sectores que promueven la explotación minera y quienes defienden los recursos hídricos de la zona sur del país.
Las primeras concesiones fueron otorgadas a la empresa GoldQuest, tras identificar depósitos de oro, cobre y plata. Posteriormente, se avanzó en estudios técnicos y se solicitó una licencia de explotación que nunca llegó a concretarse.
El yacimiento está situado en el área de Hondo Valle, cerca de la Presa de Sabaneta, lo que ha generado preocupación por el posible impacto en el agua utilizada para la agricultura y el consumo humano.
Diversos sectores, incluyendo organizaciones religiosas, agrícolas y científicas, han mantenido su oposición al proyecto, argumentando que los beneficios económicos no compensan los riesgos ambientales.
Aunque la empresa proponía un modelo de minería subterránea con menor impacto y sin uso de ciertas sustancias químicas, no logró obtener respaldo social.
Desde 2020, instituciones como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente mantuvieron el proyecto bajo análisis técnico. Con el anuncio presidencial, se descarta definitivamente su ejecución, priorizando la protección ambiental y el interés colectivo.
