CARACAS.- El gobierno de Donald Trump impuso el viernes sanciones financieras a Venezuela, entre ellas, una prohibición a los bancos estadounidenses para realizar transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera PDVSA.
El canciller venezolano Jorge Arreaza respondió desde Naciones Unidas y describió las sanciones como “la peor agresión” a su país en los últimos 200 años. “Tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance, en todos los ámbitos, para defender al pueblo de Venezuela y evitar que cualquiera de estas decisiones tenga efectos en las familias venezolanas”, aseguró Arreaza durante una rueda de prensa después de haberse reunido con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.
La Casa Blanca señaló en un comunicado que las sanciones “están calibradas cuidadosamente para retirarle a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiación para mantener su régimen ilegítimo, proteger al sistema financiero estadounidense de la complicidad con la corrupción de Venezuela y el empobrecimiento del pueblo venezolano y permitir la ayuda humanitaria”.
Un alto funcionario del gobierno dijo que se impondrían más sanciones si Nicolás Maduro no cambia de rumbo y accede a frenar sus planes de reformar la constitución, liberar a presos políticos y realizar elecciones libres.
Las medidas anticipan una escalada mayor de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y agravarían la crisis económica del país sudamericano, en la cual la economía petróleo-dependiente se ha reducido en alrededor de 35% desde 2014. Las nuevas medidas prohíben transacciones en bonos emitidos por el gobierno venezolano y su petrolera estatal. También impiden transacciones con ciertos bonos existentes en poder del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de ese país. Sin embargo, reflejando la presión de la industria petrolera estadounidense, no interrumpen la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, que es crucial tanto para ambas naciones.
Desde Nueva York, Arreaza destacó que Venezuela solicitará a la ONU que tome posición sobre “estas amenazas” y aseguró que especialistas de su país están estudiando la orden ejecutiva del viernes “para dar la respuesta y proteger a nuestro pueblo”.
