SANTO DOMINGO. El doctor Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT), abogó porque la sociedad dominicana se aboque a discutir un proyecto de nación donde los derechos fundamentales sean garantizados.
Dijo que al cumplirse 67 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el país muchos de estos no han sido garantizados a la población dominicana.
Entre los artículos de la declaración de los Derechos Humanos que aún esperan solución en el país, están, según Severino, el número 7, que establece el derecho a la vida, pues miles de personas mueren a consecuencia de la inseguridad, el feminicidio y los actos de la Policía Nacional, refirió.
“Este país ha visto deteriorar su seguridad ciudadana en las calles y, a pesar de la cantidad de recursos que se gastan, persiste este problema”, precisó.
Igualmente, sostuvo que el país carece de la voluntad política para aplicar leyes cónsonas con el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Asimismo, citó el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad.
“Este país ha visto deteriorar su seguridad ciudadana en las calles y, a pesar de la cantidad de recursos que se gastan, persiste este problema”, precisó.
Sin protección
Expuso que en el país más del 70% de la población vive sin protección porque el 14% carece de ingresos por estar desempleados, el 10% de la población conformada por adultos mayores no tiene pensiones, al igual que ocurre con las madres solteras, mientras que el 50% de quienes trabajan tienen ingresos inferiores al de la canasta básica mínima del país, establecida en 12 mil pesos.
Igualmente, dijo, el sistema público de salud carece de los recursos económicos para garantizar una atención adecuada, por lo que predomina una mortalidad hospitalaria elevada por muchas enfermedades.
Por otra parte, el Poder Judicial no es garante de los derechos fundamentales de la población cuando son violados por gobiernos y funcionarios, como lo establece el artículo 8 de la declaración universal de los derechos humanos, cuando dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, indicó Severino.
“Este es el caso de la Ley 87-01, que desde 2001 estableció un periodo de cuatro años para las pensiones universales y 14 años después el gobierno ha desconocido este mandato,” añadió.
Severino dijo que este debe dejar de ser un país donde predomine el individualismo y que debe ser construido sobre la base de la equidad, igualdad y la garantía del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
