La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la aplicación de nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % a las importaciones procedentes de la República Dominicana y otras 59 economías. La medida, oficializada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, se justifica en los resultados de una investigación sobre supuestas insuficiencias en el combate al trabajo forzado en las cadenas de suministro de estos países.
Los nuevos gravámenes sustituyen al arancel global temporal del 10 % promulgado en febrero —el cual expiraba este viernes—, marcando una nueva fase en la política comercial de Washington implementada desde abril de 2025.
Impacto en América Latina y otros socios comerciales
La resolución establece tarifas diferenciadas según la región y el socio comercial, afectando a varios países del continente americano:
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Gravamen del 12.5 %: Aplicado a República Dominicana, Costa Rica y Panamá.
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Gravamen del 10 %: Aplicado a México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Otros socios globales: La Unión Europea (sus 27 Estados miembros) afrontará una tasa conjunta del 10 %. También fueron incluidos países como India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y el Reino Unido, con tarifas variables según el producto.
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China: No figura en esta lista específica, al mantenerse bajo un esquema de aranceles previos y superiores.
Fundamento legal: Uso de la Sección 301
Tras el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que anuló la mayoría de los aranceles globales previos impuestas por el Ejecutivo norteamericano, la Casa Blanca recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta herramienta legal faculta a la Representación Comercial para investigar si las prácticas comerciales o laborales de otros Estados —en este caso, las políticas relativas al trabajo forzado— discriminan o generan cargas perjudiciales para los trabajadores y las empresas de los Estados Unidos, sirviendo de sustento para las nuevas cargas impositivas a la importación.
