El sector eléctrico dominicano, entre los escándalos al carbón

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SANTO DOMINGO. Desde 2004, las licitaciones y contratos para la construcción de nuevas plantas a carbón han sido temas de intensos debates, que han generado temperaturas muy elevadas, pero sin todavía producir un solo kilovatio de electricidad.

La más reciente polémica surge con lo que en círculos de las organizaciones sociales que integran a Poder Ciudadano han dado en llamar “la planta secreta”.

El contrato de la construcción de esa “planta secreta”, fue firmado por Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y el abogado Manuel Porfirio Velázquez Arredondo el 27 de diciembre de 2013, siendo ese mismo día notarizado.

Ese contrato fue firmado con demasiada prisa, dado que al estampar su firma el titular de la CDEEE carecía del “Poder Especial” que debía antes otorgarle el presidente Danilo Medina, para que pudiera representar al Estado en esa operación.

Fue otorgado 91 días después, y por esa razón, en el “Poder Especial” número 39-14 se lee que es “para que ratifique el Acuerdo de Potencia con la Sociedad Pinegy Comercial Group, S.R.L.”. Pero Pinegy es una empresa sobre la que en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo aparece registrada su asamblea constitutiva el 15 de mayo de 2013, y con dos socios fundadores.

El socio con mayor cantidad de acciones, ascendente a 999, es sociedad Pre Business Corp, S.A., con el registro nacional de contribuyente número 130257991, que tiene como domicilio social la oficina número 13, de la Torre Progreso Business Center, en la Avenida Lope de Vega. Esta empresa aparece representada por Verónica Patricia Nuñez Cáceres, que también es dueña de una acción.

Fabrica de “empresas”

Nuñez Cáceres aparece vinculada a más de una decena de empresas en opencorporates.com, y casi todas con el mismo domicilio social de Pre Business Corp, S.A.

Pero desde el 20 de mayo de 2014 como dueños mitad a mitad de las acciones de Pinegy, aparecen Manuel Porfirio Velázquez Arredondo, gerente de esa sociedad de carpeta, y Jean François Coste.

Según fuentes informadas, Jean François Coste es una de las principales personas detrás de las empresas Coste Enterprise LTD y Polar Energy LTD, que en conjunto perdieron el arbitraje de junio de 2011, frente a la CDEEE, cuando la entidad estatal, bajo la gestión del empresario Cesar Marranzini, decidió terminar con el denominado Acuerdo de Transformación de Energía (ATE), que incluía las instalaciones de dos barcazas de 175 megavatios en el norte del país.

Pero en 2013, es la misma CDEEE, bajo la gestión de Bichara, que firma un contrato con una empresa de carpeta, vinculada a Jean François Coste, para que construya una central a carbón de 600 megavatios, atado a un contrato de compra y venta de energía a 25 años.

Escándalos al carbón

Bajo la gestión de Radhamés Segura (2004-2009), la CDEEE se propone instalar dos plantas a carbón de 600 megavatios, tras acoger una propuesta de la empresa Westmont Power. El contrato, que se buscaba asignar a grado a grado, incluía un aporte inicial del Estado de 140 millones de dólares, lo que generó rechazo social.

En su lugar, la CDEEE convocó una licitación que ganó el Consorcio Pepillo Salcedo, encabezado por la empresa china Sichuam, para la construcción de una planta a carbón en Montecristi, de 600 megavatios.

Bajo escándalo por supuestos acuerdos de pago comisiones, el proyecto no prosperó pese a la emisión de una carta de garantía de US$30 millones, durante 10 años.

En la gestión de Marranzini (2009-2012) se realizó una licitación pública internacional para la construcción de una planta a carbón. Pero el presente Gobierno la suspendió.

Con la llegada de Rubén Bichara a la administración de la CDEEE, se convocó a una nueva licitación que ganó el Consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella. Con la participación de la brasileña Odebrecht, como líder, se viabilizaba un financiamiento del banco brasileño BNDES, por US$656 millones.

Este financiamiento fue aprobado por el Congreso el 20 de abril del 2015, pero en coincidencia con los escándalos de corrupción en Brasil, que involucra a los principales ejecutivo de Odebrecht, ese préstamo se congeló, y la construcción de la Central de Punta Catalina, en Baní, con una inversión mayor a los US$2,000 millones, se ha empujado sobre transferencias presupuestarias y sobre una montaña de deuda interna, no transparentada. A la fecha solo se ha desembolsado 200 millones de dólares de un alianza de bancos de la Unión Europea.

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