El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, reveló que el Gobierno dominicano aún no cuenta con un registro consolidado y preciso sobre el total de servidores públicos que tiene el Estado. La falta de un sistema integrado de gestión humana ha provocado que las cifras actuales sean aproximadas, apoyándose únicamente de forma parcial en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), el cual tampoco abarca la totalidad de las nóminas estatales.
Durante un encuentro con directores de medios de comunicación para rendir cuenta de sus dos años al frente del MAP, Freund explicó que existen ministros que desconocen la cantidad exacta de personal a su cargo. Citó casos del sector salud donde se identificó a empleados nombrados en una provincia prestando servicios en otra, así como personas cobrando en el país que residen en el extranjero. Recordó que el alcance actual del MAP tampoco incluye a los ayuntamientos ni al Congreso Nacional.
Para corregir estas deficiencias, el funcionario anunció que entre finales de agosto y principios de septiembre se someterá una modificación a la Ley de Función Pública. Con esta reforma se busca regularizar a empleados temporales que llevan entre 10 y 12 años en esa condición, depurar la nómina de los 60,000 empleados de carrera —donde se identificaron incorporaciones irregulares— y continuar con la fusión de instituciones, comenzando por el sistema educativo.
Fusiones, desvinculaciones y reducción de la nómina
Aunque el SASP registró 492,032 trabajadores en mayo de este año —una reducción frente a los 497,876 contabilizados en diciembre de 2025—, el titular del MAP aclaró que esta disminución responde a:
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La supresión o reubicación de entre 6,000 y 7,000 puestos tras las fusiones de entidades como Economía y Hacienda.
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El cese de personal en el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
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La jubilación de más de 700 servidores públicos mayores de 80 años.
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La eliminación de diversos consejos y organismos paralelos.
Freund enfatizó que se han ido erradicando las llamadas «nominillas» y que se llevarán a cabo auditorías generales a todo el personal. Asimismo, sostuvo que la política de austeridad del presidente Luis Abinader ha eliminado los gastos de representación y reducido las asignaciones de combustible para funcionarios, aunque admitió que los bajos salarios estatales están provocando una fuga de personal especializado hacia el sector privado.
Avances en digitalización y tiempos de respuesta
En relación con los logros de su gestión, el ministro destacó que la institución redujo el tiempo de respuesta a procesos internos de 30 días a solo 4.2 días, superando la meta fijada originalmente para el año 2028.
Mediante el decreto de interoperabilidad y la plataforma de Servicios Integrados de Centrales de Función Pública (SISP) —que ya conecta al Ministerio de Medio Ambiente, Inapa y Ogtic, y que sumará este año a Salud Pública y Educación—, los empleados estatales podrán realizar solicitudes de documentos digitales directamente desde sus hogares. Actualmente, el 73 % de la nómina pública se encuentra bajo un sistema de monitoreo de desempeño.
Finalmente, el funcionario resaltó la oferta de 2,000 becas en Inteligencia Artificial para la capacitación de empleados públicos y, en su calidad de director del Fideicomiso Pro-Pedernales, adelantó que para julio de 2027 el proyecto turístico de Pedernales contará con más de 1,700 habitaciones hoteleras en operación.
