SANTO DOMINGO. La Dirección General de Pasaportes aseguró este jueves que Amnistía Internacional “no ha presentado ni podrá presentar un solo caso” que sustente la recomendación que hace en un informe divulgado hoy de investigar a funcionarios de la institución y de la Junta Central Electoral (JCE) por conductas discriminatoria a la hora de recibir solicitudes, afectando a descendientes de haitianos.
“Si realmente el interés de Amnistía Internacional fuera la solución de las presuntas violaciones de las cuales acusa a la Dirección General de Pasaportes, el primer paso es aportar las pruebas de sus alegatos y hacemos constar que hasta el momento no han sido suministradas”, indicó la institución en un comunicado enviado a Diario Libre.
En su informe, “Sin papeles no soy nadie”, Personas apátridas en la República Dominicana, Amnistía Internacional recomienda “abrir una investigación sobre la conducta discriminatoria de varios funcionarios de la Junta Central Electoral y la Dirección General de Pasaportes, entre otros organismos, a la hora de recibir solicitudes de inscripción en el registro y de documentos de identidad, y garantizar que se toman las medidas disciplinarias oportunas”.
Además, sugiere “establecer mecanismos de vigilancia adecuados, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, sobre las acciones y omisiones de los organismos encargados de la inscripción de los nacimientos y la expedición de documentos de identidad, entre ellos la Junta Central Electoral y la Dirección General de Pasaportes, para que sea posible impugnar las decisiones arbitrarias y exigir responsabilidades a los funcionarios que actúan con arbitrariedad”.
Estas forman parte de las sugerencias dadas por el organismo en un reporte en el que afirma que la apatridia se mantiene en la República Dominicana y exige que las autoridades la reconozcan.
La Dirección General de Pasaportes recordó en su comunicado que los documentos requeridos para la expedición o renovación del documento son acta de nacimiento, cédula, fotografía digital y pago del impuesto correspondiente.
En su informe, Amnistía Internacional también destaca que el 26 de junio de 2015, la JCE publicó una lista de alrededor de 55,000 personas que podían conseguir documentos de identidad, al reconocerlas como dominicanas. “Si bien el gobierno dominicano se apresuró a declarar que consideraba resueltos los casos de todas las personas de la lista, muchas de ellas siguen encontrando obstáculos para conseguir documentos de identidad, y para que se les reconozca plenamente su nacionalidad dominicana, mientras que a otras a las que se les han negado estos documentos no aparecían en la lista”.
Concluye que la aplicación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, ha sido lenta y carente de transparencia.
