SANTO DOMINGO. Patricia Calderón, madre de tres niños de dos, cuatro y ocho años, abandonó ayer a las 10:15 a.m. la vivienda que alquiló durante casi tres años en el sector Gualey.
Un grupo de sus vecinos ha estado haciendo lo propio desde la pasada semana, aseguraron a DL moradores de la barriada.
Se trata de familias cuyas viviendas fueron censadas supuestamente en el año 2013, y que recientemente fueron indemnizadas por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), para que se trasladen a otros lugares, y así continuar la construcción del puente atirantado, que conectará el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este, a través del Metro de Santo Domingo.
“Nos dieron un trato humano. Soy inquilina, y me pagaron ciento diez mil pesos. Ellos se portaron bien. Me mudaré en otra casa aquí mismo en Gualey”, expresó Patricia.
Susy Martínez recibió RD$80,000. Y, aunque todavía no sabe dónde vivirá, entiende que la Opret, en la mayoría de los casos, “valoró la familia”.
“Hay gente que se queja de que el dinero que le dieron no fue justo”, acotó.
Aunque fue infructuoso contactar al subdirector de la Opret, Leonel Carrasco, para conocer la cantidad de casas que serán derribadas en esta fase, se supo que el desalojo se produce en el momento idóneo para continuar la obra.
