Las fiscalías de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago al parecer han establecido como política en casos de violencia intrafamiliar y de género, realizar acuerdos penales con hombres que han agredido y/o maltratado a sus parejas o exparejas.
El dato se fundamenta en que de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, solo durante el año 2018 los tribunales de esas tres jurisdicciones han homologado procedimientos penales abreviados y suspensión condicional del procedimiento a un total de 341 personas, o sea, un 40% de todos los acuerdos firmados con el Ministerio Público en el territorio nacional.
Al 14 de octubre de este año, el Poder Judicial registraba 843 casos de los cuales 209 se firmaron en el Distrito, 121 en San Pedro y 111 en Santiago.
En tanto que en Hermanas Mirabal, Duarte y San Juan se registraron 68, 49 y 41, respectivamente.
En las demás demarcaciones del país el número está por debajo de 40, y se destaca también que 10 departamentos tienen cero acuerdos.
Pese a que hace casi un mes de haber solicitado a la Procuraduría General de la República las estadísticas de los acuerdos aprobados por la institución en casos de violencia de género e intrafamiliar, así como una entrevista con el director general de persecución del Ministerio Pública, persona autorizada para aprobar acuerdos en casos sometidos a la justicia, según dispone el memorándum de fecha 28 de febrero del 2017 de esa institución, al cierre de esta edición no fueron remitidas las informaciones a Diario Libre. El asesinato de la abogada Anibel González, el pasado 31 de agosto, a mano de su expareja quien recobró la libertad gracias a un acuerdo firmado con la fiscalía, puso en evidencia que el sistema judicial falla al momento de proteger las mujeres víctimas de violencia. Estas estadísticas, suministradas por la judicatura, confirmarían lo que es un secreto a voces: “En san Pedro es común que se hagan acuerdos en casos de violencia de género”.
