El decreto No 6-17 de fecha 10 de enero del año 2017, designó una comisión para que realice una investigación sobre la situación actual de la construcción de la planta punta catalina, ubicada en Catalina Bani, Provincia Peravia que estás siendo construida por una sociedad de empresas, entre las que están Odebrecht, Acero Estrella y una compañía Italiana denominada Tecnimonth.
La comisión está compuesta por Agripino Núñez Collado, Presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica; Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; Pedro Brache, Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario, Gabriel del Río Doñé, Secretario General de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Persio Maldonado, Presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, ex administrador de la CDEE y Jaime Aristy Escuder, economista.
El mismo día 10 de enero la presidencia envió un oficio marcado con el No. 000483, por el cual pone a conocimiento de los elegidos su asignación y le aclara su nivel de competencia, entre la que esta: investigar a funcionarios y allegados a los concursos o cualquier actividad de Odebrecht y la planta punta catalina, además contratar personal si fuere necesario para investigar todos los pormenores del tema que casi quema la República Dominicana y luego rendir un informe que supuestamente se lo ofrecerá al país, la Presidencia de la República.
Todos los miembros de esa comisión están descalificados para investigar, y para ofrecer informe objetivo y serio, por dos razones, primero, porque ninguno de ellos son Fiscales, ni miembros del Ministerio Público, segundo, porque esa comisión prevaricó cuando supuestamente el empleado del Palacio Nacional, Agripino Núñez Collado ¨Monseñor¨ quien es Presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica ante el gobierno dominicano, pero además es miembro del consejo directivo de una de las empresas ligada a la investigación por soborno, supuestamente renunció, y esa comisión no le aceptó la renuncia, según estos porque es un hombre muy honesto y serio.
Esa comisión ha cometido una diablura imperdonable, pues si es verdad que ese señor Agripino Núñez Collado renunció, debieron aceptar la renuncia urgente y remitirlo a la justicia para que de inmediato lo investigue sobre su participación en la empresa Acero Estrella, como miembro del consejo directivo y de administración. Se nota que esa comisión fracasó de ante manos, pues un hombre como Agripino Núñez Collado ¨Monseñor¨ que forma parte de muchísima elite de poder en el gobierno y empresa investigada por su ligadura con Odebrecht, ¿Cómo le permiten seguir presidiendo esa comisión de supuestos notables?, además de que esa comisión no tiene competencia para rechazar renuncia de ningunos de sus miembros, pues no fueron ellos los que emitieron el decreto de designación, sino el presidente de la República.
En esa comisión hay algunos miembros que fueron ex funcionario del PLD, y otro están ligados directa o indirectamente a la esfera de poder, con algunas excepciones, es decir, esa comisión representa una simulación perversa y asquerosa a la vista pública y por esa barbaridades es que la nación está perdiendo la paciencia y está a bordo de un estallido social del cual debemos pedir a Dios que nos libre, pues sus consecuencia serían fatales para los simuladores y el desarrollo de la República Dominicana.
Diariodespertar.com, lamenta la falta de sinceridad de Agripino Núñez Collado ¨Monseñor¨ y de esa comisión de supuestos notables, que no admitieron su renuncia, advierte que la situación de credibilidad de esa comisión está muy baja ante los ojos de la población, y que lo que ellos digan no vale para nada, así que, si quieren que no pierdan su tiempo investigando nada, pues todo lo que hay que investigar y saber, lo sabe la Procuraduría General de la República, que es el único órgano constitucionalmente establecido con mandato legal y legítimo para investigar y someter cuando ocurren hechos con características punibles, o se ha atentado cometerlo, y por cierto, lo está investigando bastante bien.
