PARA QUE EVITE CREAR UNA «CRISIS HUMANITARIA» EN LA REGIÓN.
La Comunidad del Caribe (Caricom) ha hecho un llamado al Gobierno de República Dominicana para que no deporte a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos y evite crear una «crisis humanitaria» en la región.
«La Comunidad del Caribe llama a las autoridades de República Dominicana a adherirse a los principios» de protección de la ciudadanía de los dominicanos con ascendencia haitiana y «a no permitir que estas personas se queden sin Estado», afirma el organismo en un comunicado.
El organismo regional compuesto por quince países miembros expresa en su escrito su «preocupación por los derechos humanos» de las personas que quedarán sin Estado ante la posibilidad de que descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana sean deportados a Haití, la tierra de sus padres.
«La posibilidad real de que sean deportados a Haití, un país del que no son ciudadanos y muchos no tienen ni familia ni conexión con el lenguaje, es otro punto de preocupación», señala Caricom, que considera que esto puede derivar en «una crisis humanitaria» en la región.
República Dominicana no es miembro de Caricom aunque sí ha radicado una solicitud para pertenecer al organismo, que tiene a Haití como uno de sus quince miembros.
Caricom está integrada además por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
La ley especial de naturalización y el plan de regularización de extranjeros de República Dominicana surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, emitida en septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad de ese país y que causó gran revuelo internacional.
El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una segunda fase, que prevé el inicio de operativos de repatriaciones.
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