El debate sobre el uso de la fuerza y los procedimientos de la Policía Nacional ha vuelto a la palestra pública tras registrarse nuevos incidentes fatales que involucran a miembros de la institución uniformada. El caso más reciente ocurrió la tarde del pasado viernes en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde perdió la vida el joven Darlin Mercado Pérez, de 18 años de edad, a causa de un disparo propinado por el cabo José Francisco Moreta Heredia.
El hecho quedó documentado en un material audiovisual difundido en plataformas digitales. En la grabación se percibe el momento en que un grupo de ciudadanos accede a la retención de una motocicleta durante una inspección de rutina; no obstante, se origina un forcejeo luego de que uno de los oficiales sujetara a un joven indicándole que quedaba bajo arresto. Acto seguido, el alistado desenfundó su arma de reglamento e impactó a Mercado Pérez, quien se había aproximado al lugar de la requisa.
Este suceso se suma al ocurrido semanas atrás en el sector El Hatico, provincia La Vega, donde unidades policiales ultimaron a Marky Abraham García Gil, alias “Maiky”. Un vídeo del incidente muestra que García Gil fue alcanzado por un proyectil a pesar de mantener las manos levantadas en señal de rendición durante la intervención legal.
Estadísticas y denuncias de organismos de Derechos Humanos
De acuerdo con las métricas oficiales de la propia institución del orden, un total de 146 personas perdieron la vida en circunstancias similares durante el primer semestre del año 2026.
Por su parte, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró a medios de comunicación que, a lo largo de los últimos seis años, la Policía Nacional ha incurrido en más de 600 muertes catalogadas por la entidad como ejecuciones extrajudiciales. El activista lamentó que estas actuaciones sigan manifestándose de manera reiterada, a pesar de que la institución se encuentra inmersa en un proceso integral de reforma policial impulsado por la administración del presidente Luis Abinader.
El historial de eventos de esta naturaleza incluye sucesos de gran impacto social, como el acontecido en la Semana Santa del año 2021 en Villa Altagracia. En esa ocasión, los pastores evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz fueron acribillados en un retén tras confundirse su vehículo con el de una banda delictiva que operaba en Bonao. Los sobrevivientes del hecho testificaron que los agentes abrieron fuego de manera directa y sin advertencia previa sobre el automóvil en marcha, un operativo que fue improvisado bajo la dirección del entonces coronel César Maríñez Lora tras recibir reportes radiales sobre un vehículo de características similares.
El proceso de reforma e impacto institucional
Desde el inicio del presente período gubernamental, el Poder Ejecutivo ha priorizado la reestructuración de la Policía Nacional con el objetivo declarado de erradicar las malas prácticas y depurar el accionar de sus miembros.
No obstante, casos como el de Darlin Mercado en Herrera, o el fallecimiento de David de los Santos mientras permanecía bajo custodia en el destacamento del sector Naco en la capital, mantienen el escrutinio ciudadano sobre la efectividad real de los cambios internos.
Frente a las críticas y cuestionamientos de la opinión pública, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se manifestó a través de sus canales oficiales reafirmando el compromiso con la transformación institucional, reconociendo la complejidad del proceso pero enfatizando la necesidad de persistir en los cambios. Asimismo, la funcionaria ha precisado en declaraciones previas que los hechos calificados como escandalosos corresponden a una minoría dentro del cuerpo del orden, sosteniendo que la mayor parte de los agentes actúa apegada a la buena fe en el ejercicio de sus funciones.
