El reciente anuncio del Poder Ejecutivo de mantener estables los precios de los carburantes hasta enero —siempre que el subsidio no exceda los RD$1,500 millones semanales— reaviva la discusión pública sobre los parámetros utilizados para fijar estas tarifas y las razones por las cuales no se ejecuta íntegramente la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.
Según reportes recogidos por el Listín Diario, ciudadanos consultados manifiestan incomprensión ante la dinámica de los precios; aunque reconocen la volatilidad del mercado petrolero, perciben que los costos locales reaccionan de inmediato cuando el crudo sube, pero permanecen invariables cuando este baja, cuestionando que no se aplique la normativa vigente de manera automática.
Originalmente, la Ley 112-00 fue diseñada para que los costos internos de los derivados del petróleo se ajustaran cada semana conforme a las fluctuaciones internacionales. Sin embargo, en la práctica, su ejecución suele ir acompañada de intervenciones gubernamentales destinadas a mitigar el impacto directo en el bolsillo de los consumidores.
Hacia una reforma estructural
Para el economista y vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, la solución de fondo pasa por impulsar una modificación a la Ley de Hidrocarburos. El académico plantea la necesidad de transparentar el cálculo del Precio de Paridad de Importación (PPI), reducir los márgenes de comercialización, fomentar una mayor competencia y eliminar las barreras de entrada en el sector.
Respecto a la disposición anunciada por el presidente Luis Abinader, Ciriaco Cruz señala que debe interpretarse como un mecanismo transitorio que conlleva un reto presupuestario relevante. A su juicio, fijar un tope de RD$1,500 millones semanales resulta positivo en términos de disciplina financiera, ya que establece un techo fiscal explícito y evita comprometer al Estado con un subsidio abierto e ilimitado.
Finalmente, el especialista subrayó que el valor de los carburantes es un factor crítico para la economía, dado que incide directamente en el transporte y la cadena de distribución. De este modo, el congelamiento opera como un escudo temporal frente a choques externos, permitiendo que el Estado absorba parte del alza internacional para evitar que un incremento abrupto se traslade en cascada hacia el resto de los bienes y servicios que consumen los hogares y las empresas.
