Cerca del 77 % no creen en la honestidad de los procesos electorales, un 85 % piensa que la corrupción es un fenómeno generalizado y alrededor del 66 % duda del sistema judicial. Un informe en el que ha participado la ONU propone una serie de medidas para hacer frente a tanto recelo.
Esta situación de generalizada desconfianza en la política queda recogida en Perspectivas Económicas de América Latina 2018: Repensando las Instituciones para el Desarrollo.
El documento señala que, aunque el problema difiere entre los países, la mayoría de los indicadores muestran un deterioro de la situación entre 2006 y 2016, y las perspectivas de futuro no parecen alentadoras.
La crisis de desconfianza perjudica los lazos que existen entre la sociedad y las autoridades públicas y resulta necesario avanzar hacia instituciones eficaces, abiertas e innovadoras para favorecer el desarrollo en la zona.
La situación socioeconómica
A pesar de que la región se sitúa en una senda de recuperación económica, este desempeño resulta menos favorable que el vivido durante la fase expansiva de la década del 2000. Según las estimaciones, se prevé que el Producto Interior Bruto de la región crezca entre un 2 % y un 2,5 % en 2018, después de haber aumentado un 1,3 % en 2017.
Las tres organizaciones señalan el papel fundamental que desempeñan las instituciones para superar la trampa del ingreso medio -la desaceleración del crecimiento que tiene lugar después de alcanzar niveles de renta media- en la que se encuentran actualmente la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe. Asimismo, destacan que muchos países han hecho frente a la situación invirtiendo en instituciones sólidas e integrándose en el mercado internacional.
Las tendencias económicas han afectado a los niveles de vida y podría poner en peligro el notable progreso de las décadas anteriores. Hoy, el 23 % de los latinoamericanos aún vive por debajo del umbral de pobreza y alrededor del 40 % pertenece a la clase media vulnerable.
Como consecuencia, la confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado.
Bajan los niveles de salud y educación
Por ejemplo, la proporción de la población satisfecha con los servicios de salud cayó del 57 % en 2006 al 41 % en 2016, ubicándose por debajo de los niveles de la OCDE, cercanos al 70 %. De la misma manera, la satisfacción con el sistema educativo disminuyó del 63 % al 56 % para ese periodo. Esto contribuye al descontento social y la poca disposición de los ciudadanos a pagar impuestos. De hecho, en 2015, el 52 % de los latinoamericanos, seis puntos porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos.
El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable dado que no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad, generalmente más costosos y provistos por el sector privado. Pero la clase media, en rápida expansión, también se muestra escéptica con respecto al desempeño de las autoridades y aspira a consolidar la democracia y sus valores dentro de un entorno socioeconómico favorable.
Repensando las instituciones para el desarrollo
Ante esta situación, se proponen soluciones para reconstruir el nexo entre el Estado, los ciudadanos y el mercado. De acuerdo con el informe, se requieren instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad a través de:
Inversiones en infraestructura, habilidades, tecnología e investigación y desarrollo. La región necesita diversificar su estructura de producción e incrementar su valor agregado.
Fomentar una mayor integración regional y mundial, especialmente aprovechando el prometedor diálogo entre iniciativas de integración regional como la Alianza del Pacífico y Mercosur; y entre la región y otros bloques comerciales. Luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder a las demandas de los ciudadanos.
Promover una cultura de integridad en todos los niveles del gobierno y mejorar los marcos regulatorios fomentaría un mayor nivel de responsabilidad.
Usar las nuevas tecnologías para fomentar la innovación en el sector público. Esto implica, por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera más extensa los análisis de big data en el diseño de políticas públicas
