Las medidas de las empresas de telefonía también incluyen una conexión con la lista negra global de GSMA de equipos móviles robados, un sistema con información de los aparatos provistos por la organización mundial de operadores de teléfonos y compañías relacionadas.
La asociación mundial GSMA se reunirá en el país el próximo 9 de septiembre con las cabezas de las tres compañías principales de telefonía móvil del país, un encuentro en el que también participarán autoridades gubernamentales de primer nivel en la gestoría de los temas de seguridad ciudadana y las políticas públicas que esta requiere.
Uno de los temas pendientes en la agenda de seguridad pública de República Dominicana es la venta de aparatos telefónicos móviles sin las debidas especificidades, coadyuvando esta situación al incremento de los hurtos de los teléfonos en las calles.
En el evento se lanzará la campaña “Nos Importa República Dominicana”, ya estrenada en otras naciones de la región latinoamericana, y en la que los operadores de telefonía móvil se comprometen a colaborar entre sí con las autoridades gubernamentales, los entes reguladores, las asociaciones sin fines de lucro y los propios usuarios para “maximizar el potencial de la tecnología móvil y su contribución económico social”.
Los organizadores del evento tienen confirmada la presencia y participación con discursos del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Gedeon Santos, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), y de Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República.
Participarán, además, Oscar Peña, presidente y director general de la telefónica Claro en el país; Abdelhakim Boubazine, el director general Altice Hispaniola (Orange) y Tomas Pérez Ducy, presidente de Trilogy Dominicana (Viva).
Esos tres ejecutivos de telefónicas firmarán un convenio junto a Gedeon Santos, de Indotel, que contará Sebastián Cabello, director de GSMA en Latinoamérica, como testigo de honor.
El pasado mes el ministro Montalvo se quejó del trabajo de las compañías telefónicas, a las que acusó de no hacer su trabajo en el seguimiento debido a la activación de teléfonos celulares, verificando la identidad de los usuarios que desean activar nuevas líneas y revisando el origen de los aparatos presentados.
Las semanas que siguieron a esa declaración sirvieron para que el ministerio público organizará redadas e interviniera establecimientos comerciales dedicados a la venta informal de teléfonos inteligentes, un punto en la cadena de compra y venta de teléfonos móviles robados, según apuntan autoridades vinculadas a la seguridad nacional.
