El mercado interno de los combustibles presenta un escenario similar al que imperaba cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos, la cual ahora aparentemente el Gobierno buscará modificar.
Endeudamiento y discrecionalidad en la fijación de los precios de los hidrocarburos matizaban el mercado doméstico cuando se aprobó la Ley 112-00, para entonces creando una amenaza a la estabilidad económica. Ahora, 21 años después, la discrecionalidad ha vuelto, pero con características de deudas y subsidios, con el propósito de amortiguar lo que entonces se evadía: eludir el costo político de las alzas de los combustibles, impulsadas por los incrementos del costo del crudo. Desde enero del 2021 hasta la fecha cada semana el Gobierno asume con los importadores de combustibles deudas de hasta RD$600 millones, para no transferir a los consumidores la totalidad de las alzas que provocan los incrementos del petróleo. El año pasado por ese concepto el Gobierno acumuló deudas por unos RD$13,000 millones. Ya para lo que va del 2022 suma más de RD$2,500 millones.
Idea fuera del texto
Un propósito de la Ley de Hidrocarburos, no descrito en sus motivaciones, la despolitización de los precios, no ha desaparecido y sigue incidiendo en las decisiones de las autoridades. En teoría la ley sería para aplicar el “si sube, sube y si baja, baja” pero en la práctica los mandatos del “mercado” han sido acogidos pocas veces cuando la volatilidad y alza del petróleo han sugerido aumentos elevados. Las presiones de los sectores ligados al transporte de pasajeros y carga han obligado a las diferentes autoridades responsables a conceder cuantiosos subsidios y también a endeudarse, para “compensar” y no traspasar todas las alzas.
En la actualidad, cuando se espera que el Poder Ejecutivo proponga la modificación de la Ley 112-00 al Congreso en la próxima legislatura que inicia a partir del domingo, el mercado de los combustibles está afectado por subsidios, deudas y amenazas de desequilibrios por el impacto en los precios internos de los altos precios del petróleo y sus derivados.
El panorama retrocede al año 2000 cuando se presentó el proyecto para la Ley aprobada bajo el número 112-00, en cuyo segundo considerando se planteaba que “la factura de petróleo y derivados gravita marcadamente sobre la economía del país y en consecuencia, resulta conveniente introducir medidas que incentiven el consumo racional de los combustibles”.
