La Contraloría General de la República ha publicado varias auditorías efectuadas a instituciones del Estado en las que se establecen irregularidades vinculadas con el manejo de los recursos públicos.
Las verificaciones hechas al Ministerio de la Presidencia, el Gabinete de Políticas Sociales, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la alcaldía de Pedro Brand, son nada más que una pequeña muestra del incumplimiento de las leyes en la gestión de esas instituciones públicas.
En su informe, la Contraloría General de la República indicó que en la auditoría que cubre el periodo desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021 se encontraron, cuando menos, 17 irregularidades en el Ministerio de la Presidencia.
La falta de estados financieros, planificación y mal manejo de procedimientos de compras y contrataciones; el incumplimiento de la ley con sus activos fijos, debilidades en asistencias, expedientes y la nómina de empleados, son algunas fallas que descubrió el personal de revisión.
Se explica que ese Ministerio no prepara estados financieros periódicamente, lo que imposibilita “evaluar el desempeño financiero de la entidad y medir el buen uso de los recursos públicos asignados”.
Tampoco tienen políticas asociadas al control y ejecución de las conciliaciones bancarias, anticipos financieros, ingresos extrapresupuestarios, ejecución del presupuesto, y elaboración y preparación de nómina.
En el área de compra y contrataciones, el informe señala que esa institución no realiza la planeación de los procesos de compras y contrataciones, junto con el plan estratégico institucional, ni su plan operativo anual.
“Existen compras no contempladas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones que no cuentan con las aprobaciones correspondientes”, se lee en el informe de auditoría.
Otra falta señaladas se refiere a que tampoco hay control de la asistencia del personal, señalando que, como consecuencia de esto, puede que “existan servidores públicos que no asistan a desempeñar funciones públicas y que estén siendo remunerados”, y que servidores públicos “que no cumplan adecuadamente con la jornada laboral”.
No obstante, en la auditoría se aclara que “esta práctica fue descontinuada”, a partir de abril de 2021.
Asimismo, se precisa que, en el caso de los estados financieros, “se advierten debilidades que incurren en un riesgo sumamente alto”, advirtiendo seguido de que, aunque se han establecido controles, “los estados financieros no están siendo monitoreados por los entes responsables por lo que, no garantiza la veracidad de las informaciones financieras de la institución”.
Se evidenció, en el caso de la caja chica, que ProCompetencia no realiza los arqueos, dejando de realizar 18, violando las normas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
En la gestión del alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, la Contraloría General de la República encontró que durante el periodo del 24 de abril del año 2020 hasta el 30 de abril del año 2021, ese ente tuvo un impacto económico en perjuicio del Estado, por valor de RD$) 3, 760,778.33, de un monto sometido al análisis de RD$22, 372,972.58.
Asimismo, en el análisis de una muestra de los expedientes del personal de la institución evidencia que el 80 % de los expedientes están incompletos en lo relativo a los documentos mínimos requeridos.
