El gobierno interino de Temer está tratando de reducir gastos excesivos.
¿Cómo se reduce el tamaño de un gobierno? Es una cuestión política espinosa en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Brasil, que tradicionalmente ha favorecido un Estado inflado.
Ahora, sin embargo, el nuevo gobierno del presidente interino Michel Temer está tratando de hacer frente a este problema, conforme se enfrenta a una crisis fiscal que amenaza con devanar los logros económicos de las últimas décadas.
La respuesta del Sr. Temer es audaz y poco ortodoxa: una enmienda constitucional para congelar los futuros gastos públicos previsibles en términos reales en niveles de 2016. Si se implementa, la medida podría ayudar a curar uno de los mayores males de Brasil: un derrochador presupuesto con gastos establecidos por mandato constitucional que han llevado a constantes aumentos en el gasto público. Esto ha sido exacerbado por el excesivo gasto de los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores de izquierda, o PT.
“Estoy muy alentado por esto”, dijo Raúl Velloso, economista y especialista en el presupuesto de Brasil. “Si somos capaces de hacer esto, vamos a liberarnos de la posibilidad de futuros experimentos populistas”.
Después de haber llegado al poder cuando el Congreso votó en mayo para iniciar el proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, el Sr. Temer y sus partidarios en el Congreso han apostado su gobierno en la resolución de la profunda crisis económica que aflige a Brasil.
La caída económica fue avivada por una caída de los precios de las materias primas, pero su ferocidad se debe a una crisis de confianza de los inversores en la capacidad de la Sra. Rousseff para restaurar las decrecientes finanzas públicas de Brasil después de más de cinco años en el poder.
Si el producto interno bruto en los tres primeros meses de este año se redujo de nuevo, como se espera, cuando las cifras se anuncien el miércoles, en sólo dos años el PIB real per cápita de Brasil habría disminuido en casi un 10 por ciento, sostuvo el economista, Alberto Ramos, de Goldman Sachs en un informe.
Esto sería superior a la contracción del 7.6 por ciento en la economía durante la llamada “década perdida” del país en la década de 1980, un período de inflación fuera de control. El Sr. Ramos dijo que esperaba que la economía comenzaría a estabilizarse en la segunda mitad mientras se establece la confianza en medio de esperanzas de que “la nueva administración será capaz de aumentar la confianza interna, mostrando un progreso tangible en la agenda de consolidación fiscal”.
Consciente de la necesidad de satisfacer las esperanzas de los inversores, el primer éxito del Sr. Temer como líder provisional era pasar un nuevo proyecto de ley este mes estableciendo un objetivo más “realista” para el presupuesto.
El proyecto de ley prevé un déficit fiscal primario — el equilibrio antes del pago de intereses, considerado un indicador clave de la salud fiscal en Brasil — a un récord de cerca de R$171 mil millones para el gobierno central, o el 2.75 por ciento del PIB. Esto es superior a los R$97 mil millones establecidos por la Sra. Rousseff.
Una vez que se añaden los pagos de tasas de interés, el déficit total del gobierno central se está ejecutando en torno al 10 por ciento. Esto está impulsando la deuda hacia arriba, poniendo una enorme presión sobre el presupuesto con la tasa de referencia SELIC en 14.25 por ciento.
Para ayudar a solucionar este problema, el gobierno está proponiendo una ley que restringe futuros aumentos en el gasto presupuestario basados en la inflación del año pasado.
Para implementar la ley, el gobierno tendrá que proponer una enmienda constitucional desvinculando algunos flujos de ingresos dedicados a la salud y la educación. En el largo plazo también que tendrá que cambiar los vínculos entre el salario mínimo y los salarios del sector público y las pensiones, un tema difícil con los sindicatos.
La ley ayudaría a congelar un aumento constante en el tamaño del estado brasileño. El gasto del gobierno central por sí solo ha aumentado del 14 por ciento del PIB en 1997 a 18.6 por ciento en 2015. El gobierno en general, incluyendo los estados y municipios, gasta alrededor de 40 por ciento del PIB, el equivalente de una economía avanzada sin los servicios.
En un informe, la agencia Moody describe las propuestas como corta en los detalles y “ardua” para poner en práctica y dijo que no vio un camino claro para la aplicación de reformas estructurales.
David Beker, economista de Bank of America Merrill Lynch, dijo que la medida parecía “agresiva”. Un problema es que no permite una política anticíclica para futuras crisis económicas.
“Normalmente se discute cada año, dependiendo de la situación, lo que se espera para el año siguiente en términos de gastos”, dijo el Sr. Beker.
No obstante, el Sr. Velloso dijo que una vez que la economía comience a crecer de nuevo, los ingresos fiscales aumentarían a un ritmo más rápido que la inflación, lo cual permitiría que el gobierno acumule cada vez mayores excedentes fiscales primarios y pagar la deuda.
Sostuvo que la crisis ha creado una oportunidad ideal para pasar medidas difíciles. Dado que la mayoría del Congreso apoyó la destitución, los miembros necesitan apoyar las medidas del Sr. Temer para resucitar la economía o corren el riesgo de ser culpados colectivamente por la situación de Brasil.
“Temer puede ir al Congreso y decir: ‘Escuchen, si cometemos un error aquí, todos vamos a ser responsables por el desastre’. No podemos permitir que eso ocurra”, dijo el Sr. Velloso.
Por Joe Leahy (c) 2016 The Financial Times Ltd. All rights reserved
