La congelación de la ayuda exterior estadounidense debía durar 90 días mientras se realizaba una revisión completa, pero el análisis duró poco más de un mes.
Al anunciar esta semana drásticos recortes presupuestarios a la ayuda humanitaria y al desarrollo, la administración de Donald Trump ha enviado ondas de choque a la comunidad humanitaria, con consecuencias potencialmente desastrosas para millones de personas.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró conmovido por esa decisión el viernes, advirtiendo al gobierno estadounidense sobre los efectos «devastadores» de los «fuertes recortes» en los presupuestos de ayuda humanitaria, diciendo que iban «en contra de los intereses» de Estados Unidos.
«Quisiera expresar mi profunda preocupación por la información recibida en las últimas 48 horas por las agencias de la ONU -así como por muchas ONG humanitarias y de desarrollo- sobre los drásticos recortes realizados por Estados Unidos en su financiación», afirmó.
«Despilfarro»
La administración Trump anunció el miércoles que realizará recortes masivos a la ayuda internacional estadounidense, eliminando por ejemplo el 92% de la financiación de los programas de la agencia de desarrollo estadounidense, USAID.
«Ahorraremos a los contribuyentes casi 60.000 millones de dólares», se jactó.
Hasta ahora, Estados Unidos era, con diferencia, el mayor donante de ayuda humanitaria y al desarrollo del mundo.
Trump firmó el 20 de enero, a su regreso a la Casa Blanca, una orden ejecutiva que congelaba la ayuda exterior de su país por un plazo de 90 días, para proceder a una evaluación completa de su conformidad con la política que pretende seguir su gobierno, en particular en temas como los programas que promueven el aborto, la planificación familiar o la defensa de la diversidad y la inclusión.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció rápidamente exenciones para Egipto, Israel y a la ayuda humanitaria «vital».
Pero desde entonces, la administración Trump, que dice querer luchar contra el «despilfarro», ha desmantelado la USAID, lo que llevó a algunos funcionarios a decir que nunca se planteó la posibilidad de una revisión seria de los programas.
«Estas acciones son ilegales, costosas, ineficaces y dañan la seguridad nacional de Estados Unidos», lamentaron senadores demócratas en una carta dirigida el jueves a Rubio, a quien citaron al Congreso para dar explicaciones.
Notificación de rescisión
El International Rescue Committee (IRC), que gestiona programas para refugiados, dijo que el fin de la financiación constituyó «un golpe devastador» para sus «clientes».
«Estas personas dependen de los servicios financiados por Estados Unidos para sobrevivir», escribió el director del IRC, David Miliband, en una declaración, señalando que la organización ha visto cancelados 39 de sus programas de ayuda.
Miliband deploró en especial el impacto que la medida tendrá «para Sudán, Yemen y Siria, que albergan a millones de civiles inocentes que son víctimas de la guerra y los desastres».
La ONG francesa Acción contra el Hambre anunció el viernes que tendría que cerrar 50 proyectos en 20 países. A principios de año, la financiación estadounidense representaba «más del 30%» de su financiación global, indicó en un comunicado de prensa.
Por su parte, la agencia de la ONU para la infancia (Unicef) dice que está examinando el impacto que tendrá el cese de la mayor parte de la ayuda humanitaria estadounidense, subrayando que millones de niños ya se están viendo afectados, particularmente en Haití.
«Hemos recibido notificaciones de terminación de subvenciones a UNICEF, que cubren tanto programas humanitarios como de desarrollo», dijo James Elder, portavoz de la organización, en una conferencia de prensa.
Más de medio millón de personas más podrían morir de sida si se recortaran los fondos estadounidenses durante diez años, advirtió la investigadora Linda-Gail Bekker, directora de la Fundación Desmond Tutu, pronosticando «un inmenso desastre» durante una videoconferencia organizada con otras ONG el jueves.
«No se puede detener todo así como así», dijo Atul Gawande, exfuncionario de USAID. «Hay que poder permitir una transición fluida, de lo contrario la gente saldrá perjudicada, las organizaciones nunca podrán regresar a estos países, las leyes serán violadas», afirmó el viernes durante un intercambio con periodistas.
