Este sábado miles de israelíes volvieron a salir a las calles en varias ciudades del país para protestar contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ante este escenario cada vez surgen más señalamientos sobre los riesgos que corre la economía del país en caso de concretarse la iniciativa.
El descontento con la propuesta del Ejecutivo, considerando como el más conservador y de extrema derecha en la historia del país, se evidencia también en las encuestas. Así, un sondeo realizado por el Canal 12 a mediados de febrero mostró que solo un 24 % de los entrevistados apoyaba la reforma sin cambios, mientras que un 31 % abogaba por renunciar a la idea y un 31 % optaba por posponerla para dialogar sobre el contenido.
Otra encuesta efectuada por el Instituto de Democracia de Israel (IDI, por sus siglas en inglés) apuntó a que un 66 % de los israelíes creen que el Tribunal Supremo, cuyas funciones se pretende limitar, debe contar con potestades para anular normas que son incompatibles con las leyes fundamentales de la nación, textos aprobados por la Knéset (Parlamento) que se usarán para redactar la Constitución del país, recoge The Times of Israel.
Asimismo, un 47 % de los que votaron por el partido Likud de Netanyahu defienden la facultad del Supremo de supervisar las leyes básicas y derogar cualquier norma que considere inconstitucional.
¿Cuáles son los puntos clave de la reforma?
La reforma, presentada el 4 de enero pasado por el ministro de Justicia, Yariv Levin, aspira a debilitar el Supremo frente al Gobierno y cambiar el sistema de elección de los jueces.
Esta medida otorgaría al Gobierno de Netanyahu el control total sobre el nombramiento de jueces, limitaría gravemente la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para anular leyes, y permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes anuladas jpor el Tribunal si se alcanza una mayoría simple de 61 diputados. Asimismo, un 47 % de los que votaron por el partido Likud de Netanyahu defienden la facultad del Supremo de supervisar las leyes básicas y derogar cualquier norma que considere inconstitucional.
Esta medida otorgaría al Gobierno de Netanyahu el control total sobre el nombramiento de jueces, limitaría gravemente la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para anular leyes, y permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes anuladas por el Tribunal si se alcanza una mayoría simple de 61 diputados.
Además, tras la reforma, las autoridades israelíes también podrán nombrar un presidente y un vicepresidente del Tribunal Supremo que no hayan formado parte de él y que incluso nunca hayan sido jueces de tribunales inferiores.
Si se lleva a cabo, el Supremo sería privado de evaluar las decisiones del Ejecutivo desde el punto de vista de viabilidad. Asimismo, la coalición gobernante tendría más control sobre el nombramiento de magistrados y permitiría a los ministros promover a sus propios asesores jurídicos.
Comentando los cambios, el presidente del IDI, Yohanan Plesner, señaló que «el mayor peligro» que podría acarrear la reforma es la concentración «de todo el poder político en las manos del brazo ejecutivo» que ya tiene «suficiente control sobre la Knéset». «Todas las democracias funcionales, sanas y sólidas tienen una clara separación de poderes, así como wcontroles y equilibrios para garantizar que ningún individuo o institución tenga demasiado poder político», aseguró Plesner en comentarios a CNBC.
Fuete: RT
Fuente fotográficas: RT.
