OBJETIVIDAD O INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

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OPINIÓN 

Por: Osiris Disla Ynoa.M.A. 

Master en Derecho Procesal Penal, y especialista en Derecho  Penal Especial, Metodología de la Investigación Científica y Procesal Constitucional.  

Posición del Gobierno Dominicano

Hace unos días el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, el ilustre abogado el Dr. Antoliano Peralta Romero, expresó en nombre del gobierno dominicano, que promoverían una nueva reforma constitucional con el objeto de acentuar según sus declaraciones la independencia del Ministerio Público.  

Situación Constitucional 

Sobre ese particular al parecer la consultoría jurídica del poder ejecutivo no se ha percatado de que la constitución  dominicana establece desde hace mucho tiempo esa independencia de manera expresa, el artículo 170, que dice¨ Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad¨. Como podrá notarse del texto constitucional se extrae que este le da una categoría más amplia a esa independencia, pues la llevó hasta el rango de la autonomía funcional, lo que significa que la independencia esta resguardada dentro de esa autonomía.

Independencia u Objetividad 

El diccionario define a una persona u órgano independiente de las maneras siguientes ¨Independiente es alguien o algo que es autónomo y por lo tanto, que actúa voluntariamente¨, lo que refleja que la independencia del Ministerio Público tiene rango constitucional y no hay que andar proclamado tal independencia.  

Ahora bien, lo que si debe hacer el gobierno dominicano a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, es promover la objetividad, pues resulta  claro, que tanto la constitución como la ley dominicana, han hecho más hincapiés en la objetividad del Ministerio Público, que en la supuesta independencia que de manera fingida promueve el gobierno de Luis Abinader, es así como la propia  Ley 133-11 G. O. Núm. 10621 del 9 de junio de 2011, Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 15 expresa ¨ Principio de objetividad. Los miembros del Ministerio Público ejercen sus funciones con un criterio objetivo para garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas. Les corresponde investigar tanto los hechos y circunstancias que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado, como los que la eximan, extingan o atenúen. Los funcionarios del Ministerio Público están sometidos a la observancia de las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas por la ley.

Sobre el particular de la objetividad el artículo 260 del Código Procesal Penal dominicano, se refiere en el mimo sentido al expresar ¨ Alcance de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo¨ .

Es más Importante la Objetividad 

Como podrá notarse para el legislador constituyente y para el de codificaciones legales, fue más importante y primordial proteger la objetividad del Ministerio Público que cualquier otro principio, incluido el de independencia,  y tanto es así, que no existen sanciones expresas para el caso de la violación al principio  independencia, sea de órgano superior o de cualquier otro órgano, sin embargo para la violación al principio de objetividad si existen sanciones claras y precisadas, tanto en constitución,  en la ley orgánica del Ministerio Público, como en el Código Procesal Penal, al establecer la falta de objetividad, como una causa grosera que conlleva a la recusación inmediata de cualquier miembro del Ministerio Público, según los expresa la ley 76-02, Código Procesal Penal, en el artículo 90 sobre Inhibición y recusación cuando dice ¨Los funcionarios del ministerio público pueden inhibirse y pueden ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad en su desempeño. La recusación es planteada ante el superior inmediato y resuelta sin mayores trámites¨ .

Los únicos cargos que se presentan en vivo, en el lugar de los hechos en el proceso contra los miembros del ministerio público, son los que versan sobre la falta de objetividad, por lo que surge una pregunta  para el gobierno y al consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ¿Cuál es la diferencia entre independencia y objetividad de un órgano de justicia? La respuesta es clara, la independencia es un principio puramente personal, nadie la posee en totalidad, en ninguna parte del mundo, mucho menos en un país tan pequeño como la República Dominicana, mientras que la objetividad es institucional, un principio que envuelve, la ética, la moral, y la buena función pública, así que llegó el momento de  promover que el Ministerio Público sea  más objetivo,  que independiente, luego no tendrán lamentos lo encumbrados funcionarios del gobierno de Luis Abinader Corona, ya que el control político de las actuaciones de los órganos estatales, no es un invento del simple poder, es una forma de infundir miedo y limitar el ejercicio temperación y abusivo del poder contra los particulares.  

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