Santo Domingo. El abogado Ángel Lockward informó ayer que el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia declarando inadmisible un recurso de amparo interpuesto por La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) porque, supuestamente, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha estado actuando de manera ilegal multando y cerrando establecimientos comerciales por la falta de las soluciones fiscales.
La FDC sostuvo que hay 480 establecimientos comerciales que han sido afectados con las medidas y acciones de la DGII.
“La acción de amparo fue declarada inadmisible conforme al artículo 70, numeral 1, de la Ley 137, que establece que el amparo no procede cuando hay otras vías ordinarias abiertas, en este caso no hay ninguna otra vía y el amparo es la más eficaz, porque ya lo ha establecido así el Tribunal Constitucional. Primero es la vía más rápida, segundo es la vía que no tiene costo y eso hace que sea la vía idónea”, expresó Lock-ward, quien es el abogado que representa la FDC en este caso.
En ese sentido, el jurista manifestó que van a recurrir la sentencia tan pronto les sea entregada, “porque obviamente esa sentencia es una sentencia dictada en error de la ley”.
Durante una rueda de prensa, en presencia de un grupo de comerciantes miembros de la FDC, Lockward consideró que la sentencia no corresponde con las previsiones que tiene la Ley de Procedimientos Constitucionales, ni con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni con la doctrina, y resaltó que el amparo es la vía más eficaz para proteger derechos fundamentales.
Señaló que en este caso no se está hablando de leyes ordinarias ni de derechos constitucionales no fundamentales, sino esencial y básicamente de derechos fundamentales.
El representante legal de la FDC explicó que la entidad no podía actuar por medida de carácter cautelar, porque ya los afiliados, cuyos negocios habían sido cerrados, presentaron recursos contenciosos y, según expresó, aún así le impusieron multas y les violaron sus negocios. “Esos sí tienen derechos a irse a través de medidas cautelares, pero la Federación no, porque la Federación no estaba en ese capítulo”, indicó.
Diario Libre consultó a la DGII para que ofreciera su opinión sobre la decisión del Tribunal Superior Administrativo y el Departamento de Comunicaciones informó que distribuirían una nota de prensa cuando tengan a manos el dispositivo de la sentencia.
El conflicto con la FDC y la DGII es porque la entidad estatal reclama que cada establecimiento comercial formal tenga una impresora fiscal para más transparencia de los impuestos.
