El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a 7.5 millones de electores para estas elecciones presidenciales, legislativas y municipales que se celebrarán tras una campaña en la que los protagonistas no fueron los candidatos y sus promesas, sino la corrupción del Gobierno de Pérez Molina.
Los guatemaltecos llegan a esta cita en las urnas con quienes fueron durante los últimos cuatro años su presidente y vicepresidenta, Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente, en la cárcel, y una desconfianza generalizada en la legitimidad de las elecciones.
El abogado guatemalteco Frank La Rue, ex relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión (2008- 2014), dijo ayer que las elecciones de hoy “van a ser un fracaso”, aunque consideró que son “impostergables”.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, denunció la existencia de grupos “antisistema” que pretenden boicotear las elecciones generales. León advirtió de la posibilidad de que “ciertos grupos radicales” se manifiesten el día de los comicios y “cometan actos que inviten a la gente a no asistir, como boicotear los centros de votación, con quema de urnas, rotura de cerraduras o cualquier acción que interrumpa la marcha normal de la jornada”.