Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) publicó su tradicional informe de las “fortalezas y debilidades de la institucionalidad democrática dominicana” en el año 2019, donde hizo enfoque en áreas fundamentales del régimen político dominicano.
A pesar de que el informe resalta principalmente aspectos del ámbito judicial, toca algunas connotaciones que afectaron durante todo el año a la sociedad dominicana.
En primera instancia, Finjus hace referencia al sistema de justicia, el cual afirma que ha tenido mejoras en cuanto a la calidad del servicio y en aspectos infraestructurales, tecnológicos y operativos realizados durante el año.
De igual manera, destacó las labores del Sistema de Insectoría y Seguimiento, el cual está a cargo del Consejo del Poder Judicial.
Sin embargo, la entidad indicó que a la fecha a un “queda pendiente” mejorar los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad para “garantizar la seguridad jurídica”.
En ese mismo orden, resalto que las deficiencias señaladas vienen por cuestiones como la falta de aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Publico No. 194-04.
De acuerdo a Finjus, la presunta falta de aplicación de esta Ley, así como las precariedades en otros aspectos de esta área, están reflejados en el último informe del Latinobarómetro, el cual establece que el país se encuentra entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, en cuanto a confianza en el sistema de justicia, con un 21 por ciento.
Indicó que esta cifra es similar al nivel de confianza que tiene el Poder Legislativo, el cual tiene un 20 por ciento y un 22 por ciento respecto al gobierno.
