Distrito Nacional. Un nuevo escándalo ha salido a la luz pública a penas a días de cambiar el gobierno, se trata de las denuncias y querellas de supuestos espionajes a través de las redes sociales, muy especialmente del Whatsapp, según las fuentes de alta confidencialidad se investiga si la trama se ejecutó desde el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), quienes entrenaron a los estudiantes de derecho, crearon grupos Whatsapp y en los ya creados introdujeron a los estudiantes, para que estos a su vez, defendieran las ejecutorias del CARD y la persona de Miguel Surun Hernández, prácticamente hasta dignificarlo.
Del mismo modo estos estudiantes tenían teléfonos sin identificación, sin nombres correctos, sin fotos de perfil y sin un email fijo, pues lo hacían desde tableta, centro de cómputos entre algunas formas de ejecución, pero además asistían a las actividades vestidos de abogados y en algunos caso, hasta subieron a audiencias en los tribunales y las Cortes de Apelación, según documentaciones que reposan en este medio, aportadas por los denunciantes, los cuales pidieron permanecer en anonimato, ya que según ellos sus vidas corren peligro.
Entre las misiones de esos estudiantes estaban según la denuncias y querellas que se han depositado, desmeritar, denigrar y sacar a la luz pública cosas personales de los abogados victimas que representaban la oposición dominicana, asuntos de religión, sexo, asuntos morales íntimo y la difamación pública, incluida la puesta en circulación de notas de voz gravadas sin autorización judicial, según establece una de las querellas depositadas en noviembre del 2019 en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde fue intervenida la conversación de un abogado y su cliente, para luego acusarlo de chantaje y hacerle un juicio disciplinario, que culminó con una sentencia de retiro de la licencia para ejercer la carrera de abogado.
Se recuerda que hace aproximadamente 12 días, un secretario del ex presidente Mauricio Macri en argentina, fue apresado por estas mismas prácticas y que fue enviado a prisión preventiva y que en la República Dominicana esta conducta está prohibida por la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y de ser encontrados culpables los autores y cómplices podrían enfrentar una pena superior a los 10 años de reclusión mayor.
Por el momento se ha recomendado limpiar los grupos, identificar los participantes, ver si tienen fotos de perfil o es muy posible que estén siendo espiados.
