EDITORIAL
Los gritos de los adquirientes de vehículos en los Dealers formales e informales de la República Dominicana pegan al cielo, como si se tratara de la vida más cavernícola y descontrolada, donde la ley no impera y los tribunales no existen. Esa es la situación tétrica y calamitosa que hoy impera en el mercado de distribución de vehículos dominicano.
Teniendo como cobija y alegato como sustento de abuso la ley 483 del 1964, sobre Venta Condicional de Bienes Muebles, las empresas constituidas para venta de vehículos (Dealers) y los vendedores informales, están cometiendo abusos, robos y atracos a la luz pública en perjuicio de los compradores y adquirientes de vehículos, sin que, de parte de los organismos rectores de gobierno, como Proconsumidor digan ¨esta boca es mía¨, como se dice popularmente en el Campo.
muchísimos jóvenes, adultos y mujeres, han denunciado a estos medios de comunicación, que intentando relanzar su vida para servir a la sociedad y tener una ocupación diaria, fungiendo como taxistas u otros oficios que ameritan tener un vehículo disponible, se acercaron a esos vendedores de vehículos que están diseminado en todo el país, para adquirir uno a crédito condicional y siendo el costo real del vehículo adquirido de aproximadamente Trescientos Mil Pesos Dominicano (RD$300,000.00), pero por la suma final del vendedor, financiera, seguro o el banco, terminaron con una deuda de más de Un Millón Trecientos Mil Pesos (RD$1,300,000.00), así tendrían que pagar cuotas mensuales 100 veces más que lo que debieran pagar si estuvieran vigilados, o sea el incremento superó el 450% del costo real, y eso no tiene otro nombre que robo agravado, con utilización de maniobras y violencia grave en perjuicio de la sociedad de mercado indefensa y claro también la complicidad para el caso de Proconsumidor, que es la institución que debió supervisar y controlar esas malas prácticas, pero todo el que vive en República Dominicana sabe que esa institución no existe ni funciona.
Otras denuncias establecen, que esos distribuidores de vehículos, obligan a pago oneroso excesivos, de seguro, GPS a veces 100 veces más caro que lo que resulta en compañías no ligadas a ese negocio particular y realizan deducciones diarias, para luego sumarla como deuda y que dejan de aceptar pagos para luego decir que no lo recibieron, todo con el objeto final de provocar atrasos y las condiciones necesarias para realizar una incautación del vehículo, procedimiento que más que una incautación, constituye una forma de atraco por las condiciones como lo ejecutan sin observancia de la ley, pues le otorgan 10 días a los incautados, para pagar sumas milenarias y altos costos de gastos legales, como si se tratara de un proceso legal de más de 10 años de trabajo.
Diariodespertar.com, entiende que Proconsumidor, debe ser disuelta como institución para crear una nueva que funcione y que si bien es cierto, que existen compradores de alto riesgo, para los cuales los vendedores de vehículos deben tomar medidas, entiende aun así, que el gobierno está para controlar los excesos más allá de los intereses formales, procurando el bien común, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, control del mercado de vehículos, supervisión continua de las actuaciones y castigo para los que causan con sus excesos un daño y perjuicio material y emocional tan grave a los ciudadanos.
