La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Faprouasd, llamo a los docentes de esa alta casa de estudios a no iniciar el semestre 2018-01 hasta que las autoridades garanticen el pago de cinco por ciento.
El presidente de Faprouasd, Sr. Santiago Guillermo, dijo que además de que no hay condiciones mínimas en aulas y laboratorios para realizar el trabajo docente, la decisión obedece al incumplimiento del acuerdo firmado con las autoridades universitarias.
Precisó que, en febrero del año pasado, el gremio firmó un acuerdo con la ministra de Educación Superior de Ciencia y Tecnología y el rector de la UASD, que contempló un reajuste salarial de un 15% del 40% solicitado, Así las cosas como o la ha planteado la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Faprouasd, constituye ¨un palo asechao¨ en contra de los estudiantes y de las mismas autoridades, pues se trató de un plan bien organizado y concebido, con el objeto de impedir el ingreso de miles de estudiantes a recibir el pan de la enseñanza lo que violenta de manera seria y grave la constitución en su artículo 63 parte inicial y numerales 6 y 7, que expresan:
Artículo 63.- Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia:
6)-Son obligaciones del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales;
7)-El Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establezca la ley. Garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra;
El semestre de clase se salvara, porque hay un grupo de maestros y maestras que están dispuestos sin irrespeto a ningún gremio a salvar la patria a través de la educación y no permitirán que asociación alguna impida esa labor, sin embargo, la calidad de la educación superior exigida por la constitución en la letra 7 del artículo 63 jamás será salvada y eso constituye un crimen educativo de alto riego y peligro y quienes lo cometieron deben pagar por ellos y no vivir siempre bajo un régimen de impunidad absoluta, alegando que actúan en nombre y representación de Faprouasd o de cualquier organismo gremial que sea.
Al parecer dentro de la UASD hay sectores que propician destruir la credibilidad de la universidad más vieja del nuevo mundo y por ello de manera secreta actúan en dicho plan, que debe ser conjurado con carácter de urgencia por los sectores más sensatos que por años han defendido y protegido la permanencia y desarrollo de la UASD, centro de estudio de los más pobres y excluidos.
Lo anterior refleja que además falta decisión firme de organizar la universidad, reformar los estatutos para que las exigencias se enmarquen dentro del ámbito de lo educativo permisible, y no dentro del criterio de que la UASD, es un botín de guerra propiedad de los gremialistas que en muchas ocasiones han sido estudiantes de bajo rendimiento, con algunas excepciones, pero se quedan circulando para adentrarse en las estructuras orgánica de la UASD y luego alzarse ¨con el santo y la limosna¨.
Diariodespertar.com, lamenta el ¨palo asechao¨ dado por La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Faprouasd, representada por Santiago Guillermo, en la cabeza de los estudiantes más pobres y vulnerables del país. Llama al rector Iván Grullón Fernández a designar una comisión urgente para que en el plazo de 48 horas rinda un informe de la situación y a la vez recomiende los sometimientos legales correspondiente contra quienes resulten involucrados en la tentativa de destrucción de la credibilidad de la UASD y el atentado contra la constitución dominicana, en lo relativo a la educación de calidad exigida por la misma, de igual forma al MESCYT, organismo que solo sirve para gastar dinero del pueblo, que se pronuncie y actué en nombre del poderío del Estado Dominicano para resolver la situación.
